La proposición sobre salud mental de Unidas Podemos que ha llegado este martes al Congreso recoge algunas de las demandas que los profesionales y la sociedad civil han formulado en un momento en el que la pandemia del coronavirus y el confinamiento han llevado al primer plano los déficits del sistema sanitario español en cuanto a la atención sanitaria de la salud mental.

La Proposición de Ley General de Salud Mental busca garantizar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y regular el acceso a una atención sanitaria y social de calidad, así como lograr la participación e inclusión en la sociedad sin estigmatizaciones ni discriminaciones.

Estos son algunos de los aspectos que Unidas Podemos plantea en su proposición, cuya toma en consideración será apoyada por sus socios del PSOE y Más País, EH Bildu, PdeCat y Cs. El PP no se opondrá, a diferencia de Vox:

  • Garantizar que el Sistema Nacional de Salud cuenta con un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas por cada 100.000 habitantes, en un plazo de cuatro años.
  • Regular mediante un real decreto los tiempos máximos de acceso a los servicios de salud mental y la frecuencia del tratamiento.
  • Elaborar programas específicos para identificar patologías en salud mental derivadas de la pandemia de la COVID-19, hacer estudios al respecto y facilitar los medios para que estas personas reciban una atención integral.
  • Impulsar programas de formación en salud mental dirigidos a los profesionales de los centros sanitarios y educativos y servicios sociales.
  • Elaborar campañas de lucha contra el estigma de la enfermedad mental.
  • Redactar un protocolo de prevención del suicidio que garantice la actuación en grupos vulnerables e identifique a las personas con riesgo, además de registrar los datos
  • Crear el Centro Estatal de Salud Mental, adscrito al Ministerio de Sanidad, al que corresponderá el asesoramiento técnico y la evaluación de las actuaciones en materia de la salud mental en los ámbitos estatal y autonómico.
  • Promover la figura del "defensor o defensora de la persona con problemas de salud mental” en todas las comunidades autónomas.
  • Ofrecer una atención con perspectiva de género transversal e interseccional, que busque, entre otras cuestiones, reducir o eliminar las desigualdades de género a través de la atención a la salud mental.
  • Que los niños tengan acceso a una atención pública especializada y de calidad que ponga en el centro sus necesidades, inquietudes y deseos en cuestiones de salud mental.
  • Acceder a una atención pública especializada y de calidad que ponga en el centro sus necesidades, inquietudes y deseos en cuestiones de salud mental.
  • Reconocer el derecho del paciente a participar en la decisión sobre qué tipo de tratamiento y actuación debe seguirse, de acuerdo con sus necesidades y deseos.
  • Regular y buscar la eliminación de la contención mecánica y otras formas de coerción, farmacológicas o de otro tipo. Crear un registro de las contenciones mecánicas realizadas por cada centro.
  • No procederá el internamiento u hospitalización en contra de la voluntad del paciente, salvo los supuestos restringidos y tasados en que lo determine una ley orgánica y siempre previa autorización judicial.
  • El paciente podrá presentar un Documento de Voluntades Anticipadas, y escoger a una persona que -en caso de incapacidad transitoria- vele por su cumplimiento.
  • Los empresarios adoptarán las medidas de prevención, vigilancia y control para garantizar la protección de la salud mental de los trabajadores. Se harán evaluaciones de riesgos psicológicos y se promoverá el derecho efectivo a la desconexión digital y el bienestar emocional, prestando especial vigilancia en los casos de acoso.
  • Una vez se tome en consideración esta proposición de ley, la Mesa de la Cámara acordará su envío a la Comisión competente y la apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas. La proposición seguirá el trámite previsto para los proyectos de ley.