En 3 de marzo del 2020, la proliferación de bulos sobre el coronavirus obligó a Facebook a tomar medidas para limitar su circulación. "No está bien compartir algo que pone a la gente en peligro", explicó entonces Mark Zuckerberg, su fundador y director ejecutivo. Más de dos años después, la plataforma quiere aprovechar la relajación de la pandemia para poner fin a las restricciones a la desinformación sobre el covid.

Sin embargo, se trata de una problemática espinosa, pues el impacto de la crisis sanitaria ha variado dependiendo de los países. Es por ello que la red social ha decidido acudir a su junta de supervisión, un panel de expertos creado en 2020 para asesorar , para tomar una decisión. "Estamos solicitando una opinión consultiva sobre si las medidas actuales de Meta para hacer frente a la desinformación de covid-19 bajo nuestra política de desinformación perjudicial para la salud siguen siendo apropiadas", ha explicado el jefe de asuntos globales de la compañía, Nick Clegg.

La actual política de moderación de contenido de Meta ha tratado de frenar la proliferación de bulos sobre el coronavirus, tales como teorías de la conspiración que niegan la existencia del covid o que atribuyen la existencia del virus a un plan diabólico de ciertos países. Las medidas tomadas hasta ahora han sido tales como etiquetar las publicaciones que no eran ciertas, redirigir al usuario a información fiable de fuentes como Organización Mundial de la Salud (OMS) o hasta prohibir los anuncios que buscaban sacar rédito económico de la pandemia.

Opinión no vinculante

La Junta de Supervisión de Facebook es un grupo independiente creado en 2020 para asesorar a la compañía sobre temas polémicos, como fue entonces el bloqueo de la cuenta del expresidente Donald Trump. Sin embargo, la opinión de este organismo es puramente consultiva, con lo que Facebook no se compromete a adoptar su resolución, algo que ha llevado a los críticos a señalar que se trata de una maniobra de la plataforma para maquillar sus decisiones controvertidas.

La decisión final de Meta podría alargarse hasta más de dos meses, pues la compañía establece que debe responder y reaccionar a las recomendaciones de la junta en un máximo de 60 días después que estas se hayan publicado.