Un tercio de los delitos que se cometen en España ya son digitales: "Las guerras del futuro empiezan con un clic"

Las guerras ya no se despliegan solo por tierra, mar y aire, sino también en el ciberespacio. La digitalización del mundo también se ha traducido en el escenario bélico, convirtiendo infraestructuras críticas —como los sistemas de telecomunicaciones, de transportes o de la administración— en un objetivo cada vez más común tanto de criminales informáticos como de actores estatales. "Las guerras del futuro empiezan con un clic", advierte Rosalía Machín Prieto, comandante de la Guardia Civil destinada en el Estado Mayor-Jefatura de Transformación Digital y Ciberseguridad (DAO).

Esa realidad ha hecho que la ciberseguridad sea un pilar fundamental para garantizar que las infraestructuras vitales para la sociedad y la economía siguen operativas. Así se desprendió de una mesa redonda organizada por Esade Law School en la que máximos expertos del ámbito jurídico recalcaron la necesidad de reforzar los marcos normativos para hacer frente a unas amenazas cibernéticas que van a más. "La ciberseguridad no es un asunto técnico aislado, es un riesgo operativo", advirtió Rafael Sebastián, socio del Área de Derecho Mercantil del bufete de abogados Uría Menéndez.

En 2025, hasta un 33% de los delitos que se cometieron en España se dieron en el ámbito digital. La mayoría de los ciberataques se concentraron contra empresas del sector privado. Sin embargo, en los últimos años se ha detectado un incremento de las agresiones informáticas contra infraestructuras estratégicas que buscan torpedear la seguridad nacional de un país. Se espera que en 2026 crezcan aquellas perpetradas por grupos vinculados a países como Rusia, Irán y Corea del Norte, indicó Rafael Sebastián Quetglas, socio del Área de Derecho Mercantil de Uría Menéndez.

¿IA, problema y solución?

La mesa redonda sirvió para explorar la irrupción de la inteligencia artificial en el campo de la ciberseguridad, tecnología con un impacto paradójico, pues es al mismo tiempo una amenaza y una oportunidad. Por un lado, la IA generativa, capaz de producir textos, imágenes, vídeos y audios hiperrealistas, está sirviendo para perfeccionar los ataques informáticos. Tanto que más del 80% de las ciberestafas recurren a estas herramientas, según un estudio reciente de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya. "Con la IA, los cibercriminales han pasado de necesitar ocho meses para diseñar ransomware a tan solo tres horas. Y además no tiene fallos", advirtió Machín Prieto.

No obstante, la Guardia Civil y otros cuerpos policiales del Estado también utilizan IA para mitigar potenciales amenazas de forma "mucho más eficaz". La comandante explicó que no se trata de programas comerciales como ChatGPT, Grok o Claude, sino de "analítica predictiva" aplicada en "entornos muy controlados". Además, remarcó que la IA es "una palanca de poder" y que es vital que tanto empresas como ciudadanos tengan conciencia "de que la seguridad digital es la seguridad de todo" para así "priorizar modelos de lenguaje europeos como Mistral AI" en lugar de optar por soluciones diseñadas en Estados Unidos o China.

Más colaboración y flexibilidad

Los participantes en la sesión coincidieron en subrayar que la solución a esa amenaza pasa por fomentar la colaboración público-privada. "La ciberseguridad es una responsabilidad compartida: sin intercambio permanente de información entre administraciones y empresas no hay alerta temprana ni respuesta coordinada", advirtió David Velázquez Vioque, profesor de Esade Law School experto en Derecho Penal Económico y Compliance. "Sin cooperación y un reporte ágil, investigar y neutralizar patrones delictivos es infinitamente más difícil", añadió Francisco Bañeres, fiscal superior de la Fiscalía de Catalunya.

En materia regulatoria, los ponentes apuntaron en distintas direcciones. Así, Machín Prieto lamentó que Europa "va muy tarde" en la adopción de normativas que permitan responder al "ritmo vertiginoso" con el que avanza la IA aplicada a la ciberguerra. Otros expertos abogaron por una simplificación de las leyes que reduzca la burocracia y dé más flexibilidad a las empresas para reaccionar a esas amenazas informáticas. "Estamos sobrecargando a las empresas en materia de obligaciones que están sofisticando demasiado la actividad empresarial", lamentó Bañeres a título personal.

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