Nació para reforzar los otros dos juzgados de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza y este viernes entra en funcionamiento. Lo hará a medio gas porque todavía no tiene magistrado que sea titular del mismo, dándose la paradoja que los jueces que inicialmente iban a ser apoyados para reducir su carga de trabajo van a tener que asumir esta competencia.
Sí tendrá un letrado de la administración autonómica y ocho funcionarios, de los cuales cuatro procedían de los juzgados 1 y 2 de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza. El resto proceden del Decanato. De esta forma, los tres juzgados contarán con un total de ocho funcionarios frente a los diez actuales.
Pese a este incompleto estreno habrá una visita del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, y de la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, que conocerán las nuevas instalaciones en la Ciudad de la Justicia de la capital aragonesa y tener un encuentro con los jueces titulares, Óscar Ortega y Belén Ballestín, así como con los Letrados de la Administración de Justicia de los tres juzgados.
En paralelo, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó este jueves proponer al Ministerio de Justicia la agrupación de partidos judiciales en Aragón, en concreto, en materia de violencia machista.
El planteamiento es que los tres juzgados de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza asuman los casos de mujeres maltratadas o asesinadas por sus parejas o exparejas pertenecientes a los partidos judiciales de La Almunia, Ejea de los Caballeros y Tarazona. Es decir, los tres magistrados asumirán no solo los asuntos de la capital aragonesa y de sus 67 municipios que conforman el partido, sino también los de 108 municipios adscritos a los juzgados de La Almunia, Ejea y Tarazona.
El CGPJ argumenta que va a «mejorar la atención prestada a las víctimas de este tipo de delitos al permitir que se pongan a su disposición los servicios y medios técnicos de los que están dotados los juzgados exclusivos en violencia sobre la mujer y, también, con el objeto de favorecer la especialización de los órganos judiciales». «En localidades pequeñas, alejar a la víctima del lugar donde se cometieron los hechos puede contribuir a disminuir su afectación psicológica», afirman.
Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ponen en duda estas afirmaciones porque consideran que «van a revictimizar» a las víctimas al obligarles a trasladarles a Zaragoza, por ejemplo, para la toma de declaraciones.
Asimismo, consideran que va en contra de uno de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en concreto, el artículo 15 bis, en el que se especifica que «la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima».
