Solo las calles dedicadas a Miguel Allué Salvador, expresidente de la Diputación Provincial tras la caída de Zaragoza a manos de las tropas franquistas, y a Gonzalo Calamita, considerado responsable de la depuración de profesores universitarios, serán las que el Ayuntamiento de Zaragoza eliminará para cumplir con la ley de Memoria Democrática asegurando que el informe facilitado por el Gobierno de Aragón solo mantiene dos requerimientos. Así lo comunicó ayer la vicealcaldesa de la ciudad, Sara Fernández, a pesar que desde Zaragoza en Común (ZeC) se pidió al equipo de Gobierno que cumpliera con la ley de Memoria Democrática de Aragón y retirara el nombre de las calles y otros símbolos que contravienen la norma. Entre otros, la calle Antonio de Gregorio Rocasolano, Arzobispo Rigoberto Domenech, Mariano Horno Liria, Miguel Merino Pinedo, Rudesino Nasarre Ariño, Juan José Rivas Bosch y José Jordana Fuentes.
Además, desde ZeC informaron que el 22 de noviembre del 2020 finalizó el plazo para dar cumplimiento a dicha ley y que recientemente el ayuntamiento ha recibido una notificación de la Directora General de Patrimonio advirtiendo de que este incumplimiento podría dar lugar a sanciones económicas.
Desde el Gobierno de Aragón explicaron que se ha tratado de facilitar todo lo posible el trabajo pero, que a pesar de eso, es el ayuntamiento el que debe encargarse de la eliminación de los nombres en las calles.
La vicealcaldesa, no obstante, remarcó que el ayuntamiento sigue los pasos que marca el Gobierno autonómico, que es el encargado de velar por el cumplimiento de esta normativa. Además, recordó que, tanto en esta corporación como en la anterior, se aprobaron sendas mociones que instaban a crear un equipo de trabajo con la participación de todos los grupos municipales para abordar cualquier decisión sobre el callejero de la ciudad. Todos ellos, recalcó, tienen toda la información, los expedientes y todos los requerimientos remitidos al consistorio.
Fernández señaló también que el grupo de expertos que asesora al grupo de trabajo municipal emitió un informe, a partir del cual la DGA desistió de algunos de sus requerimientos, manteniendo únicamente los relativos a las calles Miguel Allué Salvador y Gonzalo Calamita, al título de Santiago Amado Loriga y a la resignificación de las calles Pedro Lázaro y Agustina Simón. Por ello, pidió al portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, que hable «con propiedad», ya que estos requerimientos han sido enviados a todos los grupos municipales y a los expertos, que deberán pronunciarse ahora.
Por su parte, Santisteve sostuvo que era «síntoma de poca salud democrática obviar esta ley», que obliga a las administraciones públicas a proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática de Aragón, englobando en tal concepto la exhibición pública de elementos o menciones realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del golpe de Estado de 1936 y del Franquismo. Además, añadió que el Gobierno de Azcón «ha tratado de dilatar el cumplimiento de una ley que también puede tener efectos económicos negativos sobre las arcas municipales».
