El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ya ha hecho pública la sentencia sobre el recurso que había presentado la Fundación 14 de Abril sobre el expediente abierto durante el anterior mandato de ZeC para cambiar de nombre las calles Gonzalo Calamita, Miguel Allué Salvador y Arzobispo Domenech, por la vinculación de estos personajes con el franquismo. Y el sentido del dictamen, sorprendentemente, ha satisfecho tanto a la fundación como al Ayuntamiento de Zaragoza, pues ambos creen que la Justicia, que no ha entrado en el fondo de la cuestión, les ha dado la razón.
En primer lugar, la Fundación 14 abril se ha mostrado satisfecha porque el TSJA ha anulado la resolución que acordó el equipo de Gobierno de PP y Cs que desestimaba el expediente y el procedimiento iniciado por iniciativa de la Fundación, y que implicaba el cambio de nombre de estas tres calles.
Así, a su manera de entender, esta sentencia hace que todo el proceso del cambio de denominación de las tres calles mencionadas vuelva a su inicio, cuando ya se había decidido incluso cómo renombrar estas vías: Gonzalo Calamita por Martina Bescós García; Allué Salvador por Lola de Ávila; y Arzobispo Domenech por Emilio Gastón.
Por su parte, desde el Ayuntamiento de Zaragoza insisten en que el fallo del TSJA no hace sino avalar la manera en la que estaban trabajando el asunto del cambio de nombres de calles franquistas, puesto que la sentencia dice que se tenga en cuenta el expediente iniciado por la Fundación 14 de abril y se estudie «bien de manera individualizada, bien en el marco de un procedimiento global, y mediando los correspondientes informes e intervención del grupo de trabajo constituido por PP y Cs el verano pasado– sobre las peticiones planteadas por la recurrente», en este caso la fundación.
La Fundación 14 de Abril, así como Izquierda Unida, han admitido de todas formas que la sentencia no soluciona el problema y que tendría que ser el propio Gobierno de Aragón quien, «de forma clara», mediase en este tipo de situaciones. "Tendrían que reglamentar un mecanismo técnicamente validado que se encargue de dictar informes sobre las calles en cuestión" para determinar si se tienen que cambiar o no, "para que no sea una decisión que dependa de cada ayuntamiento", explicó ayer el coordinador de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz. En su opinión, la DGA está mostrando un "nulo interés" por hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática que aprobó el anterior Ejecutivo de Lambán en el año 2018.
Posibilidad de recurso ante el Supremo
Además, el director ejecutivo de la Fundación 14 de Abril, Adolfo Barrena, ha asegurado que estarán pendientes del cumplimiento, por parte del ayuntamiento, de que se cumpla la ley autonómica y se cambie el nombre de estas calles, puesto que en su opinión no cabe duda de que fueron personajes destacados del franquismo. Si no están satisfechos con la respuesta que les dé el consistorio (que debe hacerlo por la sentencia), Barrena ha anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo.
El expediente del cambio de nombre de estas tres calles lo abrió, como se ha dicho y a iniciativa de la fundación, el anterior Gobierno de ZeC, cuyos miembros también han respondido a esta sentencia. Según Fernando Rivarés, ahora portavoz de Podemos (entonces fue el concejal que inició el proceso), el dictamen del TSJA le da la razón en sus planteamientos cuando era el responsable municipal de Cultura y deja en evidencia "la estrategia de Azcón y Sara Fernández" de dilatar el proceso para no cumplir con la Ley de Memoria Democrática.
En la misma línea se ha pronunciado Pedro Santisteve, portavoz de ZeC y exalcalde de la ciudad: "PP y Cs, por el apoyo y su dependencia a VOX, han dilatado, con grupos de trabajo, estudios e informes que han costado dinero público, el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Aragón para no sacar del callejero de Zaragoza nombres vinculados al fascismo. Esta sentencia deja clara su estrategia desde el principio: marear durante más de dos años este cumplimiento. Por ello, presentaremos una moción en el próximo pleno, con el fin de forzar ese cumplimiento, por justicia y reparación y porque además, de no hacerlo, podría suponer graves perjuicios económicos al ayuntamiento".
