La declaración institucional que ha aprobado el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a las 9 de la mañana condenando los mensajes de odio, la incitación a la violencia y las amenazas y agresiones violentas a los representantes políticos e institucionales ha sido dinamitada seis horas después por los mismos grupos y portavoces que la han firmado y en el mismo escenario. A los reproches y acusaciones que se han dirigido de una bancada a otra, sin excepción, se ha sumado la negativa del PSOE a retirar una moción que sabía que iba a crispar el ambiente y a romper el consenso. Y como colofón, PP y Cs han votado junto a Vox en contra de una moción que rechazaba la actitud de Rocío Monasterio y su negativa a condenar las amenazas de muerte que han recibido varios representantes políticos.
Ha sido el motivo por el que la ultraderecha no ha apoyado la moción, porque no estaba dispuesta a desautorizar a una de las líderes de su formación y candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Su portavoz, Julio Calvo, lo ha dejado muy claro: no iba a desacreditarla, de ningún modo. Por eso vetó la declaración institucional presentada por el PSOE el lunes, porque que hacía referencia a Monasterio, y por eso ha votado en contra de su moción.
PP y Cs también han votado en contra, blindando a Monasterio. Han afeado que el PSOE no haya retirado la moción después de aprobar la declaración institucional, como sí hecho el Gobierno, y han criticado que tampoco haya aceptado sustituir el texto de la moción por los puntos del acuerdo unánime para evitar que se envenenase el debate. Como ha sucedido.
Vuelve la crispación
Ya por la mañana, tras la aprobación de la declaración institucional, han quedado clara las diferencias entre unos partidos y otros y la «hipocresía» que rodeaba a la condena unánime, tal y como lo calificaron varias formaciones.
El alcalde, Jorge Azcón, ha declarado que «se trata de una condena tan básica como es la violencia, sin adjetivos ni calificativos, simple y llanamente». «Debería ser lo normal», ha añadido, pero nada más lejos de la realidad.
En el debate de la moción del PSOE todos los grupos han dejado a un lado el discurso de la unidad y han descargado su artillería con acusaciones a un lado y otro.
La portavoz del PSOE, Lola Ranera, que ha dejado a un lado a Cs «por el papelón que les había caído encima», ha señalado y juzgado por igual a Vox y a PP. A los primeros por no condenar las amenazas de muerte al ministro Fernando Grande-Marlaska, al candidato de Unidas Podemos en Madrid, Pablo Iglesias, o la directora de la Guardia Civil, María Gámez (no han sido los únicos pero son los que se incluyeron en el texto). A los segundos, a los conservadores, por «blanquear» a la ultraderecha. «Usted --dirigiéndose a Azcón-- está blanqueando a Vox apoyándose en ellos. Este es el problema de este ayuntamiento, que está en sus brazos y así no está garantizada la libertad, la igualdad, la diversidad y el respeto», ha asegurado Ranera.
El discurso de Pedro Santisteve, de ZeC, ha sido similar y ha asegurado que Vox había llegado a las instituciones «para cargarse los consensos», para «negar la pluralidad y la diversidad» y «poner en riesgo la convivencia».
El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, también ha acusado a la ultraderecha de «haber venido a romper los consensos y a sembrar la violencia» y ha asegurado que aquel que no rechaza «taxativamente» las amenazas de muerte, es porque no las condena, en referencia a Monasterio.
La portavoz del PP, María Navarro, ha instado a los socialistas a sustituir el texto de su moción por la declaración institucional pero el PSOE quería mantener a Monasterio en su texto, a sabiendas de que la moción no sumaría mayoría para salir adelante.
Ha sido la vicealcaldesa, Sara Fernández, la que ha dicho las cosas claras: «sus intervenciones (por el tono elegido) vuelven a ser más de lo mismo. Seguimos igual». Igual de mal, quiso decir, pese a la declaración que rechazaba los mensajes de odio.
