El abogado penalista Carlos Giménez Villanueva, especializado en derecho penal, instaló su despacho profesional en una quinta planta de un edificio de la avenida César Augusto, en Zaragoza. «Corría el año 1999 y no tuve ningún problema», dice. De hecho, allí ha atendido a sus clientes durante más de dos décadas.
Pero recientemente el Ayuntamiento de Zaragoza le comunicó, a través de la Policía Local, que su bufete incumple la normativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y le impuso una sanción de 600 euros.
La causa no es otra que tener su lugar de trabajo en una quinta planta, cuando la normativa urbanística vigente, del 2001, considera fuera de la ley todos los despachos profesionales situados por encima del primer piso en los edificios de varias alturas.
«He recurrido la sentencia, ante un juzgado de lo contencioso-administrativo, mediante un incidente de nulidad, y como la sanción sigue en pie he decidido llevar mi caso al Constitucional», afirma Giménez Villanueva. «No puede ser que se me multe aplicándome con efectos retroactivos una normativa posterior al año de mi instalación en la avenida César Augusto», asegura el abogado, que de momento se ha buscado un local en planta calle, en otra ubicación, «por lo que pueda pasar».
"Un funcionario nos advirtió de los requisitos"
En su caso, el trasiego de visitantes a que da lugar un bufete, como cualquier otro servicio, ya sea la consulta de un médico o una gestoría, pudo provocar una reacción de malestar en un vecino que optó por denunciar la situación amparándose en el articulado del PGOU.
En Zaragoza puede haber entre 5.000 y 10.000 despachos profesionales en situación ilegal. Pero no es este el caso de la consulta de la psicóloga judicial Carla Buil, que hace tres años se mudó a una primera planta de la calle San Miguel de la capital aragonesa con una colega.
«Al ir a dependencias municipales a comunicar que íbamos a cambiar de ubicación, un funcionario nos advirtió de que solo nos concederían la licencia de actividad profesional si nos instalábamos en una planta calle o en un primer piso», explica Buil.
Por motivos de seguridad
«Nos explicó que la legislación es así de estricta porque debe garantizarse que el espacio reúne los requisitos exigidos en cuanto a vías de evacuación, aforo y ausencia de barreras arquitectónicas», indica la psicóloga.
Buil considera que una normativa tan estricta «complica mucho» la búsqueda de un lugar para desarrollar la especialidad al concentrarse la demanda en las partes bajas de los edificios.
En estas ubicaciones resulta más factible la aplicación de la normativa aplicada a los establecimientos de pública concurrencia, en materias como la protección antiincendios, por ejemplo, que en Zaragoza es de las más exigentes de España.
De hecho, según los profesionales de la abogacía, si se desata una mayor demanda de locales en venta y alquiler se puede producir un incremento de los precios.
Isabel Gurría, que ejerce asimismo la psicología pero en la rama sanitaria, ocupa una segunda planta en el paseo de Teruel, también en Zaragoza. En su día, dice, se documentó para ver qué podía hacer y no tuvo problemas «porque si la consulta se encuentra junto a la vivienda puedes ubicarte en plantas superiores sin incumplir las normas», señala.
"No hay un control muy estricto"
Pero no todos los profesionales que ejercen su actividad en despachos situados por encima de la primera planta han tenido problemas legales en esta materia. «No hay un control muy estricto», dice un abogado ubicado en una segunda planta.
«Es una norma que no se suele cumplir, de hecho es frecuente encontrar despachos de abogados en los pisos altos de los bloques», afirma el letrado, que no obstante precisa que lleva casi 30 años situado en el mismo emplazamiento, por lo que no le afecta la normativa promulgada posteriormente.
