Los encargados de gestionar el cámping municipal de Zaragoza han reclamado al ayuntamiento de la ciudad una factura de 110.000 euros por los servicios prestados durante los meses de marzo a diciembre del año pasado. El contrato de esta concesión caducó en febrero de 2020 y desde entonces la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria ha seguido al frente de esta infraestructura aun sin querer permanecer, dado que los contratos públicos obligan a quedarse hasta que no haya un nuevo prestatario.
El problema, explican los responsables del cámping, que entraron en el 2010, es que el consistorio les obliga a que siga prestando servicio «a riesgo y ventura», es decir, asumiendo los beneficios pero también todos los gastos. Y en 2020, con el covid de por medio, hubo muchísimos más gastos que ingresos.
Por ello, la UTE reclama estos 110.000 euros en concepto de prestación de servicios. La cantidad sale de restar a los 330.000 que les ha costado el mantenimiento del cámping (que ha estado siempre abierto) los 220.000 euros de ingresos que tuvieron durante esos meses. Según estas mismas fuentes, el ayuntamiento se ha negado a pagar la factura.
Desde que caducó el contrato de la concesión del cámping hace más de un año, las empresas adjudicatarias han estado presionando al consistorio para que convocara un nueva licitación. Ahora, el ayuntamiento dice que el proceso de contratación está en marcha y acabará en breves, pero desde la UTE no se lo creen porque eso mismo les dijeron «hace ya un mes y medio».
