La alarma sanitaria que estalló hace más de un año pronto se convirtió en un problema social que expuso a muchas personas vulnerables. Ahora, el temor que muchas organizaciones del tercer sector han mostrado en estos meses se puede justificar con datos. Cáritas ha presentado este miércoles su memoria de actividad del año 2020 y las conclusiones son contundentes: el número de atenciones creció un 23% con respecto al año anterior y son un 31% más que en 2018. En total, 11.518 personas tuvieron que recurrir a las ayudas de la entidad diocesana.

«La pandemia no la ha vivido igual una persona con trabajo fijo, que no ha estado en erte, y que tiene una vivienda en la que puede disfrutar de 40 metros cuadrados para el solo que una familia de cinco personas, viviendo en 40 metros cuadrados. El pobre ha sufrido la crisis sanitaria de forma muy intensa y con más miedo», ha asegurado el director de Cáritas Zaragoza, Carlos Gómez.

Entre los datos que recoge el documento destaca el crecimiento de personas que acudieron a Cáritas por primera vez el año pasado. En total, más de la mitad de los atendidos (el 51,4%) nunca habían requerido de apoyo por parte de la organización.

«La pandemia ha generado nuevos pobres y también ha agravado la situación de las personas y familias que ya eran vulnerables», ha lamentado la secretaria de la organización, Cristina García, que, junto a Gómez, se congratuló por otro lado de que la solidaridad también fue en ascenso.

Más de dos millones en ayudas directas

Cáritas Zaragoza, que cuenta con 979 voluntarios y 6.510 socios, concedió el año pasado 14.196 ayudas directas por un valor total de 2.257.253 euros. Esto supone un crecimiento del 69% con respecto al 2019 y del 86% frente al 2018.

Además de presentar cifras, García ha incidido en «que hay que poner rostro» a las víctimas de la pobreza que trajo consigo el 2020. Así, el 54,4% de las personas acogidas por Cáritas fueron mujeres; el 45,1% del total estaban en situación de desempleo (solo el 9% trabajaba en el momento en el que pidió ayuda); y el 62,8% eran personas nacidas fuera de España, de las cuáles, el 40,2% se encontraban en situación de irregularidad jurídico-administrativa. «Estas últimas tienen condiciones de vida muy precarias y soportan muchas más dificultades para acceder a los sistemas de protección social que el resto de la ciudadanía».

Asimismo, el texto alerta del alto índice de personas acogidas (el 30,3%) que residían en habitaciones realquiladas en viviendas de uso compartido. La cifra se ha duplicado en solo dos años y, según los expertos, no hace sino señalar el problema «crónico» con el acceso a un hogar que sufren las personas vulnerables. «Hay que darles una alternativa. Desde la Administración tienen que dar una solución a medio y largo plazo en este sentido», ha pedido Gómez.

Por último, García también se ha mostrado algo crítica con la actuación de las instituciones públicas durante la pandemia: «En muchos casos, desde los servicios sociales, así como para tramitar ayudas de urgencia, no ha habido una respuesta ágil y eso ha sido muy perjudicial para las familias más vulnerables».