El juzgado de lo contencioso número 2 de Zaragoza ha admitido a trámite el recurso presentado por el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza por la convocatoria de becas destinadas solo a la escuela concertada al considerar que «excluye a los alumnos de la pública».
El PSOE registró el pasado 11 de junio un recurso contencioso-administrativo contra las bases de estas ayudas dirigidas a familias vulnerables de alumnos de la educación concertada. Fueron aprobadas el pasado mes en el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza con el voto de calidad de la presidenta, la conservadora Paloma Espinosa, después de que Vox se abstuviera y PSOE, Podemos y ZeC votaran en contra. La partida asignada para becar con entre 150 y 500 euros a los estudiantes para el pago de actividades extraescolares y con hasta 300 euros para la compra de material informático asciende a los 500.000 euros que el equipo de Gobierno de PP-Cs no descartaba aumentar el próximo año.
Sin discriminar
La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha reiterado tras conocer que la denuncia había sido admitida a trámite que el ayuntamiento tiene que garantizar las ayudas a «todos» los niños vulnerables, «independientemente de dónde estén escolarizados, sean centros concertados o públicos» y aseguró que «es una flagrante discriminación» diferenciar las becas entre unos y otros.
Desde el equipo de PP-Cs han defendido en todo momento estas ayudas que incluyeron en su programa electoral alegando que ya existen los Proyectos de Intervención Territorial Espacios Escolares (PIEES) para que los alumnos de los centros públicos puedan llevar a cabo actividades extraescolares. Así es, pero con la diferencia de que este programa no tiene nada que ver porque no incluye becas nominativas y finalistas, como sí sucede con la línea de ayudas dirigida a los estudiantes de la concertada. El consistorio, a través de los PIEES, costea el servicio que presta una empresa, encargada de las actividades.
Desde el PSOE aseguran que cualquier alumno, independientemente del centro en el que estudie (público o concertado) puede disfrutar de estas actividades con un precio más asequible. Algo que admitió la portavoz María Navarro, que señaló que este contrato no podía incluir la nueva línea de ayudas de la escuela concertada porque está en vigor y todavía le quedan dos años hasta que sea renovado de nuevo.
Este asunto puede que no sea el único que acabe judicializado porque el PSOE también está estudiando llevar hasta los tribunales el proyecto de Pontoneros al considerar que la ley solo permite ceder superficie si es para construir vivienda pública.
