Pasan los meses y no se resuelve la situación en el cámping de Zaragoza. Ahora en verano tendría que ser tiempo de diversión y distensión en las instalaciones municipales pero este año no va a ser así. La empresa que gestiona el recinto lleva con el contrato caducado desde febrero de 2020 y desde entonces están prestando el servicio obligados por la ley pero sin querer permanecer, dado que la pandemia ha asestado un duro golpe a sus cuentas. Desde el ayuntamiento aseguran que el área de Hacienda está trabajando ya en un nuevo proceso de licitación pero los actuales adjudicatarios temen que el proceso siga alargándose en el tiempo. «En marzo nos dijeron que era inminente y en mayo lo mismo. Tememos acabar el año en el cámping. Estamos atrapados», lamentan.
Por esta cuestión, hace ya algunas semanas que la Unión Temporal de Empresas que gestiona el cámping reclamó al consistorio 110.000 euros en concepto de prestación del servicio. La cantidad sale de restar a los 330.000 que les ha costado el mantenimiento de las instalaciones (que ha estado siempre abierto) los 220.000 euros de ingresos que tuvieron durante los meses pasados desde que caducó el contrato. El ayuntamiento se ha negado a pagar la factura por el momento.
Este asunto ya generó debate en la comisión de Cultura y Participación del pasado mes de mayo. Entonces, la vicealcaldesa, Sara Fernández, aseguró que esa solicitud de los 110.000 euros «no se consideró debidamente acreditada». Ahora, la semana que viene, Fernández volverá a ser interpelada en el salón de plenos por esta cuestión, aunque los gestores del cámping temen que sigan insistiendo en que el nuevo contrato se está redactando y que esa sea la única solución que se les plantea. Esperar, al fin de al cabo.
El debate puesto encima de la mesa por los gestores viene precedido por el tipo de contrato que firmaron en el año 2010. En él se explicitaba que la explotación se llevaría a cabo «a riesgo y ventura», es decir, que la empresa adjudicataria correría con todos los gastos y se llevaría todos los beneficios, después, eso sí, de pagar un canon al consistorio cada año. El problema es que, una vez caducó la licitación, los gestores opinan que no tendrían que correr con todos los gastos, y más cuando los ingresos se han visto mermados por la pandemia al limitarse mucho el número de visitantes que ha recibido la capital aragonesa.
En su última intervención sobre esta polémica, Fernández dijo que «asumir el riesgo económico es lo que pone en el contrato que se hizo en el 2010». Por su parte, los gestores responden que la valoración de la vicealcaldesa «se desmonta sola». «Tan cierto es que en el contrato pone que el concesionario debe asumir el riesgo económico como que ese contrato prescribió en febrero de 2020. Ampararse en cláusulas de un contrato vencido nos parece absurdo», critican. Creen, al fin y al cabo, que unos particulares se están haciendo cargo de una instalación municipal que debería gestionar el ayuntamiento.
Y mientras, el cámping sigue funcionando a medio gas sin haber habilitado todos los servicios propios de este recinto, como la piscina, que en verano solía llenarse de actividades lúdicas. «Aquí seguimos, retenidos en unas instalaciones que deberíamos haber abandonado hace un año y medio para continuar con nuestros proyectos profesionales. Haciéndonos cargo de una plantilla que ya debería estar subrogada, dando servicio a los pocos clientes que vienen y absorbiendo pérdidas económicas, sin previsión de que se nos salde una factura presentada hace seis meses. Todo un despropósito», lamentan en un escrito enviado a los grupos políticos municipales.
77.000 metros cuadrados que costaron "un dineral"
El cámping de Zaragoza abrió sus puertas en junio del año 2008, poco antes de la inauguración de la Expo del Agua. Las instalaciones ocupan una superficie total de 77.000 metros cuadrados y entre los servicios de los que disponen hay dos piscinas, pistas de tenis, frontón, de fútbol y baloncesto, además de un restaurante-cafetería. En su momento la construcción del recinto supuso un desembolso de casi 13 millones de euros, una cifra que el propio alcalde de entonces, Juan Alberto Belloch (PSOE), consideró «un dineral». El objetivo era reforzar la oferta de alojamientos en la ciudad de cara a la Expo pero también habilitar un recinto que perdurara en el tiempo y que complementara el número de plazas de hotel disponibles en la ciudad. Hoy, sin embargo, el cámping es un problema enquistado.
