El PSOE ha acusado al equipo de Gobierno de PP-Cs de solicitar la «agilización» de un expediente de reparcelación urbanística de unos suelos en los que los padres del alcalde, Jorge Azcón, tienen en propiedad unos terrenos de unos 500 metros cuadrados y otro que cuenta con la participación de su hermano, arquitecto de profesión, encargado de redactar el diseño de una reparcelación.

El socialista Horacio Royo explicó que en el expediente del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística se hace mención la petición del Coordinador del área de Urbanismo de avanzar en la tramitación, formulada el 13 de mayo: «Visto que se ha solicitado la agilización de la tramitación de este procedimiento en la medida de lo posible por el interés público que concurre, se procede a analizar su contenido a fin de poder formular propuesta de aprobación inicial en el próximo Gobierno de Zaragoza a celebrar el 24 de mayo».

Esta es exactamente la frase que aparece en los expedientes y a la que Royo hizo referencia en la comisión de Urbanismo. «Es la mayor operación de desarrollo urbanístico que se va a producir y da la casualidad de que hay intereses de la familia como propietarios y asesores», criticó el socialista, que cuestionó el momento elegido ya que esta urbanización lleva 20 años atascada. «¿Hubo alguna directriz política», le preguntó al concejal de Urbanismo, Víctor Serrano en varias ocasiones, quien defendió el papel del alcalde, justificó la urgencia señalando que lleva «dos años hablando de que el desarrollo lógico de la ciudad es hacerlo en la zona más compacta y en el ámbito de estos grandes cinturones», como es todo el entorno de la prolongación de Tenor Fleta, ahora en obras.

Según informó, es habitual que tanto él como concejal como el coordinador de área, Miguel Ángel Abadía, soliciten que se impulsen los expedientes en asuntos relacionados con el planeamiento urbanístico.

Críticas

PSOE, ZeC y Podemos criticaron que el alcalde no se abstuviera en la votación de este expediente en la sesión de mayo. «La ley es tajante y hay conflicto de intereses, tendría que haberlo hecho», afirmó Royo. Santisteve fue más allá y acusó directamente al alcalde de «favorecer a su propia familia». «Da igual si el beneficio es de un millón o de 100.000 euros si hay un conflicto de intereses. Esto es reprochable», aseguró. Una comparación con la que pretendía desmontar uno de los argumentos de PP-Cs para restarle valor a la situación, como es que los padres y la tía del alcalde «apenas tienen 500 m2 sobre 185.000 del terreno que son restos de antiguas expropiaciones», según Serrano.

Para la concejala de Podemos, Amparo Bella, lo que está sucediendo es un «escándalo, no un despiste como dijo Azcón». «¿Cómo es posible que el alcalde desconociera el contenido de estos expedientes? ¿Y si los conocía, cómo no se inhibió?», preguntó. Para la podemista, «el modelo urbanístico de PP-Cs desvela que Zaragoza es un monopoli que pueden gestionar a su antojo y sin tener en cuenta el interés general».

Respecto a la votación, Serrano insistió en que se trata de la aprobación inicial de un expediente al que le queda un largo recorrido y explicó que se trata de un acto reglado, por lo que no se puede votar en contra si todos los informes son correctos. Añadió que la votación se hizo en el seno del Gobierno de Zaragoza, donde todos los informes se aprueban por unanimidad por lo que, según dijo, «el voto del alcalde no habría cambiado el resultado».

Pero aún hay más porque Royo cuestionó las prisas para impulsar este desarrollo porque todavía quedan asuntos por resolver. Según explicó, «el sector no está completo porque faltan expropiaciones» y porque no se ha alcanzado un acuerdo con Adif, que no están desafectados. «Hay que cambiar todo el planeamiento y se podría caer el expediente», advirtió. «Yo no cuestiono la legalidad del acto, lo que digo es que había intereses», insistió.

El concejal de Urbanismo trató de zanjar este asunto invitando a PSOE, ZeC y Podemos a acudir a la Justicia y denunciar la situación. «Ninguno de los grupos de la izquierda ha acudido a los tribunales porque saben que no se ha producido ningún acto ilícito ni con el impulso de estos expedientes, ni con su tramitación». Vox avaló esta afirmación, que aseguró que se trata «de un puro trámite, de un eslabón más en la cadena de decisiones».