El grupo municipal de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado la situación en la que se encuentran las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio. Según la formación, desde el pasado mes de enero, momento en que la empresa Arquisocial se hizo cargo de uno de los tres lotes del servicio, 285 trabajadoras han comenzado a sufrir una serie de incumplimientos vinculados a sus complementos salariales, antigüedad, al pago de kilometrajes y a la jornada con la que han sido subrogadas en algunos barrios.

La formación ha acusado al Gobierno de Jorge Azcón de “hacer una total dejación de funciones” y “eludir toda responsabilidad en el cumplimiento de las condiciones de esta licitación”, correspondiente al área de Acción Social. Según ha podido constatar Zaragoza en Común en la comisión del ramo, no se ha tomado ninguna medida encaminada a solucionar los incumplimientos de este servicio de Ayuda a Domicilio, uno de los más importantes de la ciudad, con un importe de más de 84 millones de euros y 900 trabajadoras, principalmente mujeres.

Esta serie de incumplimientos repercute de forma directa en un salario que, pese a las mejoras que se incluyeron en los pliegos producto de la negociación colectiva, sigue siendo bastante bajo, por lo que la más mínima cantidad supone un porcentaje importante de sus sueldos, ha explicado la concejala Luisa Broto. Más allá de tomar las posibles acciones legales por parte de las trabajadoras ante la Inspección de Trabajo, “la responsabilidad del cumplimiento de las condiciones de dicha licitación corresponde al Sr. Lorén y al Área de Acción Social”, ha apuntado la edil.

El hecho de no pagar los salarios pactados o legalmente establecidos es considerada por los pliegos de licitación como una infracción muy grave, una cláusula social que Zaragoza en Común introdujo para hacer frente a este tipo de situaciones, y que no figuraba en los pliegos anteriores. Estas infracciones suponen una penalidad a aplicar a las empresas de 50.000 euros por cada infracción. Además, la comisión de dos faltas muy graves en el plazo de un año podría suponer la rescisión del contrato.

Los actuales pliegos de licitación de este servicio, desarrollados durante la pasada legislatura bajo el gobierno de Zaragoza en Común, además de una mejora en las condiciones económicas del mismo, supuso la incorporación de un gran número de cláusulas sociales y de género. Desde Zaragoza en Común han exigido al Consejero de Acción Social, Ángel Lorén, que “no se ponga de perfil ante esta situación y que tome las medidas que están en su mano en aplicación de los pliegos de la licitación, la herramienta más oportuna para hacer frente a esta situación”.