La pandemia compromete seriamente, por segundo año consecutivo, la celebración de la feria taurina del Pilar en Zaragoza. Y no por el hecho de que no haya permiso sanitario por parte del Gobierno de Aragón que, en principio, dado el anuncio de ayer, parece que se concedería. Pero es que a ese posible hándicap –la tramitación de los permisos depende del gobierno autonómico– se suma la postura, hasta el momento inflexible, de Diputación Provincial de Zaragoza, propietaria del coso con respecto al contrato vigente con la gestora de la plaza.

Si no hay novedades de última hora, todo estaría en manos de la autorización previa del Gobierno de Aragón que dado lo anunciado ayer debería ser positiva siempre teniendo en cuenta la situación en el momento de la celebración. De ser ésta positiva entraría en escena la DPZ, cuya postura el año pasado fue la de atender la excepcionalidad de la situación social eximiendo al arrendatario del coso, Circuitos Taurinos, de la ejecución y el pago del contrato, todavía vigente, que asciende a una cantidad total de 300.000 euros más IVA anuales.

Pero distinto es el planteamiento para la presente edición. El empresario Carlos Zúñiga asegura que tiene confeccionada una feria de máxima categoría con carteles rematados en los que muchas figuras hacen doblete y con algún cartel de especial interés (Morante podría haberse apuntado a la corrida La Quinta). Su intención es dar un ciclo que fuera del 13 al 17 de octubre y apoyarlo con festejos populares como recortadores, roscaderos, etc.

Pero todo se enreda cuando ya se cuenta con la imposibilidad de dar vaquillas, fuente más que considerable en el balance global de la feria. «Si la Diputación Provincial de Zaragoza me exige el canon íntegro, sólo cuento con el aforo al 50% –5.500 asientos aproximadamente– y no puedo dar vaquillas, es inviable. Sólo abrir la plaza para una corrida de toros ya cuesta 40.000 euros, 20.000 si se trata de una novillada», explica el empresario que continúa con su explicación: «Imposible, imposible. Aunque cuente con un compromiso verbal para televisar...», se lamenta.

Así, las cosas, con la DPZ firme en el sentido del cumplimiento la integridad del contrato, todo apunta a dificultades difícilmente superables. «No tanto –apunta Zúñiga–, es cosa de hacer un decreto y listo». Pero «la realidad es que a día de hoy la institución provincial todavía no ha expresado oficialmente su postura a pesar de que llevo meses intentando hallar con ellos una fórmula», concluye el empresario.