El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca dictó ayer un auto en el que ordena ejecutar la sentencia que obligó a Fimbas SA, la empresa minera del empresario Victorino Alonso que destruyó las pinturas rupestres de la cueva de Chaves, a abonar 25,4 millones al Gobierno de Aragón.
Se trata de un resolución firme, contra la que no cabe recurso alguno, y motivada por el hecho de que, tras ser condenado en noviembre de 2016, Victorino Alonso todavía no ha pagado la indemnización que le fue impuesta.
Tras la condena, al no realizarse el abono por su parte, el empresario fue declarado insolvente en virtud de un auto dictado en el mes de septiembre de 2018.
En este sentido, Fimbas SA, ya fue requerida de pago en enero de este año, en tanto que responsable civil subsidiario, sin que hasta el momento haya abonado ninguna cantidad.
De hecho, según constata el titular del juzgado oscense, Jorge Sánchez Parellada, en la actualidad solo se ha pagado en concepto de indemnización de 45.423 euros, es decir, un o,17% de la suma adeudada por la destrucción de la cueva, que fue denunciada tanto por el Gobierno de Aragón como por Ecologistas en Acción y ONSO.
El empresario leonés de la minería Victorino Alonso fue condenado por la destrucción del más importante resto del Neolítico en Aragón, que atesoraba pinturas rupestres comparables a las de Altamira, según los expertos.
Según quedó demostrado en el juicio llevado a cabo, la maquinaria pesada de su empresa arrasó este enclave arqueológico para hacer instalaciones de un coto de caza.
Ahora, el auto judicial que insta la ejecución de la condena procede del órgano que entendió del caso en primera instancia, que no aprecia ninguna irregularidad en la resolución procesal.
Tras un proceso judicial de casi diez años, el Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca impuso al empresario minero dos años y medio de cárcel por un delito contra el patrimonio histórico en tanto que responsable de los daños infligidos al yacimiento prehistórico, situado en el municipio de Casbas, en la Hoya de Huesca.
Asimismo, Alonso fue condenado a indemnizar con 25,4 millones al Gobierno de Aragón como propietario de la cueva. En cambio, el juzgador consideró que el empresario no era responsable de un delito contra el medio ambiente, como sostenía una acusación, la ejercida por los ecologistas, y le absolvió de ese ilícito penal.
Una excavadora arrasó el emplazamiento de las pinturas
La empresa Fimbas SA, que gestionaba el coto de caza, fue declarada responsable civil subsidiaria y debió asumir las costas del proceso, que se inició en 2009, si bien la denuncia databa de dos años antes.
La defensa del empresario mostró su voluntad de recurrir la sentencia por considerar que presenta «notables contradicciones» que no desvirtúan la inocencia de su cliente.
Las obras que supusieron la destrucción del enclave consistían en la habilitación de comederos y abrevaderos para la cría de cabras, y además se extrajeron escombros de la cueva para la construcción de un dique.
La sentencia describe que Victorino Alonso ordenó la realización de los trabajos en el interior del refugio natural. Según el juez, el empresario «no solo era conocedor de la existencia del yacimiento, sino también de su valor arqueológico y por consiguiente también» de que estaba protegido.
El fallo judicial señalaba que una retroexcavadora de gran tonelaje llevó a cabo operaciones en la cueva, abierta al exterior, sin que hubiera presente un arqueólogo. Los movimientos de la máquina arrasaron casi todos los niveles arqueológicos del Neolítico que había en la cueva de Chaves, según la resolución.
