El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, ha criticado este mediodía en Zaragoza, en la sede de la institución, con motivo de la apertura del año judicial, la "discutible constitucionalidad" de atribuir al poder judicial funciones impropias por la pandemia.
Ello lo ha atribuido a una legislación sobre salud pública inadecuada, por un lado, y a que, por otro, "se han atribuido al Poder Judicial funciones que propiamente no le corresponden, como la probación o ratificación por las salas de lo contencioso-administrativo de las medidas sanitarias generales que adoptan los gobiernos autonómicos o el estatal cuando hay afectación de derechos fundamentales".
"De esta manera", ha afirmado textualmente, "el poder judicial se convierte en otro poder normativo junto al el ejecutivo y al legislativo, en una especie de cogobernanza de discutible constitucionalidad".
Bellido ha hecho referencia a las discrepancias de criterio de medidas excepcionales con motivo del covid-19, que ha provocado sucesiva apelaciones a la intervención de la Justicia por las partes concernidas, desde las autoridades sanitarias a los hosteleros.
En este sentido, el presidente del TSJA ha hablado de la dificultad y complejidad de determinar las medidas más adecuadas, a lo que "tampoco ayuda, sino todo lo contrario, la existencia de una legislación de salud pública anterior a la pandemia que no estaba pensada para luchar contra los efectos de la covid-19".
Así, ha señalado que "no es sencilla la tarea del poder ejecutivo" y tampoco "lo está siendo la de los tribunales en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de la actuación del poder político y de la Administración, garantizando los derechos de los ciudadanos".
Y, para terminar, ha agregado, "se transmite la impresión de que esta en función de control por los tribunales de la actuación de los gobiernos autonómicos o del estatal dificulta u obstaculiza la lucha contra la pandemia", algo que ha calificado de "nada más lejos de la realidad", ya que el poder judicial cumple la función que tiene atribuida por las leyes, ha argumentado, que es además recurrible. Además, ha hecho hincapié en que las relaciones entre el TSJA y el Gobierno de Aragón han estado presididas por "por el respecto y la consideración mutuas".
En cuanto a las cifras de este año, a modo de balan ce, las diligencias previas incoadas en Aragón bajaron un 15,7% en 2020 con respecto del 2019 como consecuencia de la pandemia. Así lo ha asegurado este mediodía María Asunción Losada Sabater, la nueva fiscal superior de Aragón. Sin embargo, la evolución ha sido desigual según los ámbitos de la delincuencia y los datos apuntan a un aumento de 0,5% de los delitos contra la libertad sexual durante el mismo periodo.
En orden a la evolución de los procedimientos penales en el conjunto de las Fiscalías de Aragón, el total de diligencias previas incoadas fue de 46.835, ha concretado.
La actividad de las Fiscalías de Aragón durante el año 2020 dio lugar a la incoación de un total de 186 diligencias de investigación, además los fiscales de Aragón formularon 4.944 escritos de calificación, solicitaron 283 medidas cautelares de prisión sin fianza, asistieron a 3.292 juicios por delito grave o menos grave y despacharon más de cinco mil ejecutorias.
En materia de violencia de género se presentaron 884 escritos de calificación en procedimientos penales por delitos propios de esta materia. Los fiscales de Menores en Aragón incoaron 1.680 diligencias preliminares, 892 expedientes de reforma y formularon 463 escritos.
“Esta cifra indica que, durante el año 2020, ha tenido lugar una disminución de la delincuencia en Aragón que no ha sido proporcionalmente igual en todos los tipos delictivos”. El descenso se observa en los delitos contra la vida y la integridad corporal, en la mayor parte de los delitos contra el patrimonio, en los delitos contra la seguridad vial y en los delitos contra la Hacienda Pública, Seguridad Social o fraude de subvenciones.
También en materia de violencia de género ha habido un menor número de denuncias y procedimiento incoados. La mayor parte de estas denuncias corresponden a las formuladas por el delito de lesiones o maltrato ocasional, seguido por los delitos de amenazas y, en menor número, por los delitos de maltrato habitual, quebrantamiento de medidas cautelares o condena y coacciones.
Nuevo juzgado de violencia contra la mujer
Igualmente, se observa un menor número de denuncias en relación con la violencia doméstica. “Los datos generales relativos a la evolución de la pueden considerarse una tendencia a la disminución de las conductas delictivas”, pero ha precisado que esa realidad “debe atenderse a las especiales circunstancias acaecidas en 2020”.
Será preciso, una vez normalizada la situación de pandemia, “valorar desde el punto de visto social y jurídico en qué medida esta situación ha influido realmente en las conductas delictivas”, pues “las cifras no pueden hacer bajar la guardia ante la comisión de delitos”.
El presidente del TSJA, Manuel Bellido Aspas, ha confirmado que el 1 de octubre entrará en funcionamiento el octavo juzgado de lo social de Zaragoza y el primero de enero de 2022 el tercer juzgado de violencia sobre la mujer, también en la capital aragonesa.
Es necesario, al menos, un nuevo juzgado de primera instancia
Bellido ha denunciado que la jurisdicción que está sufriendo mayor aumento de asuntos es la civil, “fundamentalmente por la crisis económica que genera la pandemia y por el aumento de materias relacionadas con los derechos de los consumidores”, por lo que ha urgido a crear “al menos, un nuevo juzgado de primera instancia en Zaragoza”.
Asimismo, Bellido ha pedido incrementar en un magistrado más las secciones civiles de la Audiencia de Zaragoza, especialmente la quinta, encargada de los asuntos mercantiles, que cuenta desde hace años con un refuerzo de tres magistrados sin relevación de funciones.
Además ha dicho que la Audiencia de Huesca debería contar con un quinto magistrado, dado que este órgano está reforzado desde hace unos meses con tres magistrados sin relevación de funciones.
Dentro de esta jurisdicción ha hecho especial referencia a la terminación en julio de este año de la especialización del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza en materia de cláusulas suelo, que comenzó en junio de 2017 y al que se han dedicado grandes recursos. Durante este período han resuelto más de 12.000 demandas, ha informado el presidente del TSJA.
Riesgo de aumento de la litigiosidad en lo social
Respecto a las jurisdicciones social y mercantil, que se suponía iban a ser las más afectadas por la pandemia, en especial en asuntos relativos a despidos y a concursos de acreedores, no lo han sido en los números esperados en un principio, ha señalado.
Seguramente ha sido así, ha valorado, “por las medidas políticas y económicas que han frenado temporalmente la litigiosidad, como los ertes o la moratoria para la presentación de concursos necesarios”.
Sin embargo, estas medidas terminarán en breve y es muy posible que se produzca un importante incremento de la litigiosidad, que habrá que atender mediante los oportunos refuerzos, ha advertido el presidente del TSJA, que finalmente ha criticado la “falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial”.
La lucha política mina la credibilidad institucional
En este sentido, ha manifestado que la “lucha política” ha complicado su renovación, algo que “nunca debería suceder y que, desgraciadamente, es frecuente en nuestro país”.
Esta actuación es una grave irresponsabilidad que mina la credibilidad que los ciudadanos tienen en sus instituciones, transmite una sensación de politización de la Justicia que perjudica la imagen de España en Europa y dificulta el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial”, ha afirmado.
Esta situación, ha continuado, “se ha agravado tras la reforma efectuada este mismo año para limitar sus atribuciones durante el periodo en que se encuentra en funciones, con lo que lo convierte en un órgano debilitado para la trascendental tarea que tiene encomendada”.
De ahí que, como ha dicho el presidente del Consejero General del Poder Judicial, “urge, por el bien de todos, que las fuerzas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”.
