Si algo ha quedado claro en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza es que la unidad de la que presumen habitualmente PP y Cs no es tal. Mucho menos si se trata de posicionarse a favor de la ultraderecha. Los liberales han dejado en una situación complicada al alcalde, Jorge Azcón, al votar de la mano de la izquierda. Y por partida doble. Primero han tumbado una moción de Vox, transaccionada por el PP, y segundo han permitido que saliera adelante otra de Zaragoza en común (ZeC) en la que solicitaba que se reclame el IBI a la Iglesia católica, petición que no gusta, y nada, entre las filas conservadoras. 

Hasta ahora, las diferencias entre PP y Cs que más habían querido airear los liberales tenían que ver con la igualdad y los derechos de la mujer. La vicealcaldesa y portavoz de Cs, Sara Fernández, siempre ha querido dejar clara su postura al respecto, mucho más exigente que la de Jorge Azcón. Hoy ha vuelto a hacerlo y se ha desmarcado en una moción de Vox que criticaba el uso del lenguaje inclusivo en el ayuntamiento y que ha tratado de enmascarar diciendo que lo único que pretendía era que se cumplieran las normas gramaticales de la Real Academia de la Lengua (RAE).

Según la concejala de Vox, Carmen Rouco, incluir el femenino no es otra cosa que la «utilización abusiva del lenguaje» «con un sesgo político» con el que algunos partidos «y grupos de presión minoritarios» quieren sacar «rédito político». A su juicio, «se ha evolucionado artificial y rápidamente hacía la imposición de un lenguaje inclusivo». 

Desde Cs, María Antoñanzas ha tratado de diferenciarse de la ultraderecha de inmediato con un tono conciliador, todo lo contrario que Rouco, y ha defendido la importancia de «respetar las diferentes sensibilidades de las personas» y de hacer un «uso integrador no sexista del lenguaje» que, ha asegurado, puede coexistir con las normas de la Real Academia. 

Por su parte, el PP, que ha tratado de mostrar una posición ambigua, le ha propuesto a la ultraderecha sustituir su moción para que lo que se solicitase fuese un uso «uno correcto del lenguaje con neutralidad y respeto a las normas gramaticales». Una propuesta «muy tímida», al «estilo» PP, ha criticado Rouco. El concejal del PP, Ángel Lorén, ha optado por atacar a la izquierda y acusarles de hacer «una utilización ideológica» y «estigmatizar» a quien rechaza el lenguaje inclusivo. Es decir, a Vox. 

El doble tapete

PSOE, ZeC y Podemos han defendido la importancia de que un ente público lo utilice con el ánimo de «corregir las desigualdades», resumió el PSOE. Luisa Broto, de ZeC, ha criticado a Vox por querer crear «crispación sobre algo que es manifiestamente ilegal». Desde Podemos, Amparo Bella ha dicho que su moción era «bazofia despreciable, desagradable y ofensiva» y desde el PSOE, Antonio Barrachina le ha recordado a Rouco que la normativa lo avalaba. 

A Rouco no le ha sentado nada bien el voto en contra de Cs y no ha tenido reparos a la hora de augurarles un mal futuro de cara a las próximas elecciones por «doblegarse ante los postulados de la izquierda». «Prefieren jugar a su doble tapete político y votar en contra solo porque es de Vox. No saben dónde están, han perdido el norte», ha afirmado. Una reacción que hace prever que las negociaciones de los presupuestos de 2022 no será sencilla entre Cs y la ultraderecha. O viceversa.  

La segunda votación en la que Cs ha dejado entre la espada y la pared al PP fue en la moción presentada por ZeC que instaba al equipo de Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia católica, conforme a una reciente sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona. La respuesta de los conservadores ha sido tajante: totalmente en contra porque, según María Navarro, «es de imposible ejecución». En cambio, los liberares se han abstenido dejando en minoría a PP y Vox y otorgándole la mayoría de votos a favor de ZeC, PSOE y Podemos. 

La concejala de la formación naranja, Carmen Herrarte, ha sido directa: «En el ADN liberal de Cs está la libertad individual», así que propuso in voce una transacción en la que proponía que se instase al Gobierno de España a que cambie la ley para ello.