El proyecto anunciado por el Gobierno de PP-Cs en Zaragoza para llenar de placas solares las cubiertas del cementerio de Torrero y producir energía verde con la intención de venderla no convence a los grupos de la oposición. No por la apuesta por las renovables, más bien por la fórmula elegida. Tampoco al socio preferente de Jorge Azcón, Vox, que esta mañana ha amenazado con llevar a los tribunales un acuerdo que, según su portavoz, Julio Calvo, “incurre en muchos supuestos de nulidad de pleno derecho”.

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, anunció el pasado viernes que el consistorio, a través de la empresa aragonesa Levitec, pujará este martes en la subasta convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para producir y vender energía solar para abastecer a 2.000 hogares españoles. Para ello, habría que cubrir 65.000 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, prácticamente todas las cubiertas de la zona nueva del camposanto.

Para impulsar este proyecto, y siempre que mañana se gane la subasta, sería necesario crear una sociedad mixta, de la que el consistorio tendría un 25% y que, como ha confirmado durante la comisión de Urbanismo Serrano, tendría que ser aprobada por el pleno.

Para que se llegue a esta votación todavía queda mucho y la oposición ya ha manifestado hoy sus dudas sobre el proyecto, básicamente porque creen que otorgar “a dedo” este plan a la compañía aragonesa no es la fórmula correcta y puede que tampoco legal.  

“El acuerdo del Gobierno de PP-Cs (del viernes día 15) incurre en muchos supuestos de nulidad de pleno derecho. Los servicios jurídicos de Vox lo están estudiando pero yo creo que existen y si concurre uno o más de esos supuestos de nulidad de pleno derecho recurriremos con todas las consecuencias en vía administrativa y judicial”, ha advertido el portavoz de la ultraderecha, Julio Calvo. El concejal cuestiona que la empresa que opta a gestionar este proyecto se creó el 4 de octubre, el 11 cursó la solicitud para asumir el proceso y el 15 le dio el visto bueno el equipo de Gobierno. “El soporte jurídico, técnico y económico es escaso”, ha insistido durante una comparecencia que había presentado para conocer el desarrollo del barrio solar del Actur.

Lo público en manos privadas

Desde el PSOE, Horacio Royo ha denunciado que lo que está haciendo Jorge Azcón es “una auténtica desamortización del patrimonio público en favor de los intereses privados” porque “están poniendo a disposición el patrimonio público para que empresas privadas produzcan y sean las dueñas de la energía que se genere en nuestros equipamientos”.

El socialista ha insistido en que lo que están haciendo desde PP-Cs es “ceder el patrimonio municipal al negocio privado” y ha añadido que, en este caso, lo están haciendo sin concretar “la fórmula jurídica” y “sin ninguna vertiente social”.

Por su parte, el concejal de Podemos, Fernando Rivarés, ha calificado de “barbaridad energética” las políticas adoptadas. “¿Va a afectar a los propietarios de los nichos? ¿Bajarán los precios? ¿Van a privatizar el cementerio para que empresas privadas produzcan energía solar que no va a beneficiar al conjunto de la mayoría?”, ha preguntado el concejal sin éxito porque no ha obtenido respuesta alguna. También ha avisado de que este proyecto puede acabar en los tribunales “porque no hay concurso, solo hay dedo, y no hay informe jurídico”.

Pedro Santisteve, de ZeC, se ha centrado en el barrio solar del Actur y ha preguntado por los excedentes de la energía que se produzca. “Las placas solares se amortizan en ocho años y la concesión es de 15 años. ¿A quién va el dinero durante los siete años restantes, a la empresa privada?”, ha preguntado para pasar a criticar al Gobierno de PP-Cs de ceder patrimonio público al sector privado para enriquecerse.

Desde el Gobierno de PP-Cs, Serrano ha asegurado que todo el proceso cuenta con los informes pertinentes a favor y ha reiterado que, en el caso de ganar la subasta que se celebrará este martes, se iniciará todo el expediente para que la creación de la futura sociedad sea aprobada por el pleno. “Estamos ante un expediente que marca la intención política de este Gobierno en aras a que si resultamos adjudicatario, para emprender ese camino se deberá contar con mayoría en el pleno para que haya una sociedad mixta”, ha señalado.