El grupo municipal del PSOE ha presentado nueve votos particulares al proyecto de ordenanzas fiscales de 2022 del Gobierno de la ciudad, PP-Ciudadanos en Zaragoza, en las que pide bajar al 0,40 el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que es el máximo legal permitido al argumentar que la reducción del 0,4087 solo supondrá una merma máxima de 2,50 euros en el recibo para una vivienda con un valor catastral de 70.000 euros.

En cuanto a la bonificación del IBI a comercios afectados por obras en la vía publica ha señalado que el afectado es el inquilino del local no el propietario por lo que pide que el inquilino lo ponga en conocimiento del ayuntamiento para que se le aplique esa bonificación, ha señalado la socialista Ros Cihuelo.

Sobre el impuesto de la plusvalía ha diferenciado que en el caso de herencias el primer inmueble incluido el garaje y el trastero que conceptualmente pertenezcan a la primera vivienda "tienen que estar bonificados al 95%, pero con un valor catastral máximo de 150.000 euros y lo que esté por encima tiene que tener una menor bonificación".

"inseguridad jurídica"

Ha reclamado poner en las Juntas de Distrito los recursos humanos y técnicos para solventar la brecha digital entre los ciudadanos y "corregir la desigualdad que hay en la apuesta por la digitalización en las autoliquidaciones de la plusvalía".

Cihuelo ha calificado de "inseguridad jurídica brutal" que no conste en el proyecto del Gobierno PP-Cs las autoliquidaciones de plusvalía para considerar que "se actúa con criterios improvisados sin un marco normativo que lo respalde". A su parecer "no es serio, no hay respeto a las reglas mínimas de la democracia para dar información a la oposición y no hay respeto a las normativas constitucionales. Es un burruño indescifrable".

En las bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE),Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) e IBI a las empresas de nueva implantación que se instalen en Zaragoza, el PSOE pide asegurar que los trabajadores están contratados de forma indefinida y a tiempo completo, empadronados en Zaragoza e inscritos en el INAEM al menos seis meses antes y se les tendrá que contratar por cinco años. Además para beneficiarse esas empresas se debían haber comprometido antes de aprobar las ordenanzas fiscales, ha apostillado.

Las empresas instaladas que lo soliciten si se las declara de especial interés podrán acceder a las bonificaciones, pero no está claro vaya a contar con esta declaración, ha alertado Cihuelo. "Los votos del PSOE dejan claro que no se puede dar una declaración de interés con posterioridad a las ordenanzas y antes de que hubiera anunciado intención de radicarse en Zaragoza". Para Cihuelo la redacción de esta ordenanza fiscal ese confusa y el PSOE presenta voto particular para asegurar que el esfuerzo de dejar de ingresar 30 millones van en beneficio de la ciudad

En las bonificaciones a la instalación de paneles solares el PSOE exige discriminar "de forma positiva" con una bonificación de hasta el 50 por ciento para el uso residencial y del 30 por ciento en uso industrial para "equilibrar los ingresos del Ayuntamiento", ha concluido.

Plan de inversiones

También Zaragoza en Común (ZeC) ha presentado votos (diez) particulares al proyecto de ordenanzas que van en la línea de "corregir" plan de atracción de inversiones para lo que proponen extender a las empresa ya radicadas en la ciudad y que generen empleo la bonificación de impuestos para empresas de nueva instalación.

El objetivo es "no discriminar a las ya instaladas y que se prioricen otros objetivos y no la venta de suelo municipal", ha precisado el concejal de ZeC, Alberto Cubero. Estas bonificaciones atañen al Impuesto e Bienes Inmuebles (IBI), al Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)

ZeC ha argumentado este voto particular al indicar que "igual de empleo es el que generan las empresas ya instaladas que las nuevas, aunque solo se puede hacer fotos el alcalde con la de nueva generación", ha ironizado.

En este ámbito ZeC también aboga por aplicar esa bonificación si se cumplen una serie de criterios social y medioambientalmente sostenible, en el sentido de que sean cooperativas o empresas de tipo social.

Otros votos particulares van en la línea de lograr una mayor progresividad fiscal para reducir a 800.000 euros de valor catastral el umbral de la bonificación del IBI para que "pague más quien más tiene" y bajar el tipo general de este impuesto al 0.40 "que es una promesa del PP y no solo una petición de ZeC", ha apostillado Cubero.

En el caso del plan para atraer empresas, el portavoz del grupo morado ha propuesto establecer un tope máximo de ayudas de 10.000 euros durante 5 años y limitarlas al sector industrial "si de verdad se quiere hacer un cambio en el modelo productivo para reindustrializar el país y la ciudad", objetivo que ha subrayado "se debe traducir en las ordenanzas", al tiempo que no se perjudica las arcas municipales.

Desde Podemos quieren "romper con la política fiscal que bonifica cuatro veces más a quienes tienen los inmuebles más caros y con mayor renta" y ha introducido varios votos particulares con el fin de mantener igual la bonificación para los inmuebles de menos de 100.000 euros de valor catastral, que suponen, ha dicho, el 95 % de los inmuebles de la ciudad, y rebajar al 25 % la bonificación de los que superan ese valor, de modo que, calcula, la recaudación podría crecer unos 850.000 euros, ha explicado su concejal, Fernando Rivarés que plantea bonificar la plusvalía a los "deudores de buena fe" con el Ayuntamiento mientras hacen frente en el pago voluntario.

Podemos cree asimismo que la propuesta de progresividad fiscal en el recibo del agua "se ha quedado obsoleta" porque no hace referencia al valor actual del Salario Mínimo Profesional y por tanto "deja fuera de la bonificación a muchas familias cuyos ingresos rozan el SMI", por lo que propone subir el umbral de la rebaja.