La polémica ha estallado, una vez más, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y lo ha hecho a escasos días de que se celebre una de las citas más importantes, el debate sobre el estado de la ciudad. El Gobierno de PP-Cs aprobó este viernes revocar un acuerdo de 2009 y ratificado en 2017 que delegaba las competencias para decidir sobre las obras ordinarias a favor del consejo de la gerencia de Urbanismo. Una decisión que para los grupos de la oposición es antidemocrática porque limita su capacidad de opinar y decidir sobre el devenir de la ciudad y las obras que se impulsen, por lo que barajan solicitar la nulidad del acuerdo en los tribunales.
Desde Urbanismo puntualizan que esta modificación sólo afecta a las obras ordinarias, es decir, a las que se realicen en suelo urbano consolidado y que no afectan al planeamiento urbanístico. Además, todos los proyectos de más de 200.000 euros tendrán que salir a información pública.
Explican que, amparándose en la Ley de Capitalidad, esta decisión únicamente afectará a aquellos proyectos técnicos que describen y presupuestan las obras que se consideren necesarias al margen de la ejecución del sistema del planeamiento urbanístico y que suelen afectar a actuaciones de conservación o reposición de las instalaciones ya existentes.
Además, añaden, que en el 90% de los casos se trata de actuaciones privadas en las que el consistorio nada tiene que ver.
Pero PSOE, Podemos y ZeC no piensan así y consideran que esta maniobra de Jorge Azcón se debe a su «poca» capacidad para negociar con los grupos, especialmente con Vox, que ya ha tumbado más de un proyecto, como la supermanzana de la plaza San Francisco o la reforma del entorno de la iglesia Santiago el Mayor.
Desde Urbanismo aseguran que este tipo de proyectos solo se sacarán adelante con la mayoría plenaria, pero la izquierda no se fía por lo que están estudiando si elevar a la Justicia el acuerdo del equipo de Gobierno de PP-Cs adoptado.
