Zaragoza bonificará a las empresas nuevas con más de diez empleados

El debate sobre las ordenanzas ha sido muy bronco. En realidad ha nacido viciado tras la decisión del Tribunal de Contratos de anular la plusvalía, un motivo por el que desde Podemos, PSOE y ZeC han solicitado a la titular de Hacienda, María Navarro, que retirase el proyecto y lo adaptase a la «nueva realidad». No ha sido así, aunque lo que sí ha hecho la responsable de las cuentas ha sido retirar del orden del día el punto que afectaba la Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

 ZeC, directo al grano

Al margen de la plusvalía, la izquierda ha atacado con dureza a Navarro. Más bien los supuestos motivos por los que quería sacar adelante sí o sí su plan de captación de inversiones, pese «a que fuera hay un follón de la leche (con la plusvalía)», ha cuestionado el concejal de ZeC, Alberto Cubero.

Ha sido el más directo y claro y ha señalado a Becton Dickinson y Quirón como los dos motivos principales de la urgencia del Gobierno de PP-Cs. «Tiene una enmienda que dice que se bonifique a las compañías que lleguen a partir de la aprobación de la ordenanza y que no tenga carácter retroactivo, pero no lo acepta. Igual tiene que ver con las dos empresas que han comprado suelo», ha afirmado en relación a ambas compañías, que en plena pandemia anunciaron su aterrizaje en la capital. A Navarro no le han hecho gracias las elucubraciones respecto a sus supuestos intereses y se ha limitado a decir que la ciudad no se puede permitir que ambas empresas, que van a dejar inversiones millonarias, pasen de largo. «Alfombra roja van a tener», ha dicho la concejala.

PP-Cs no han aceptado la propuesta de ZeCy y tampoco la del PSOE, que solicitaba que se exigiese a las empresas que contrataran a zaragozanos u obligaran a sus empleados a empadronarse en la capital.

Los empadronados ¿primero?

Tanto a Navarro como a la concejala de Economía, Carmen Herrarte, les ha parecido un disparate porque se conseguiría el efecto contrario y el plan acabaría desincentivando a las empresas, aseguró la liberal. «¿Usted qué tiene contra de la gente empadronada de Zaragoza? ¿Por qué permite que vengan otros a beneficiarse del esfuerzo que hacemos entre todos?», ha criticado la concejala del PSOE, Ros Cihuelo. En contra de eso nada, le vino a decir Herrarte, que le ha explicado que lo que busca el consistorio es que «vengan franceses o madrileños a vivir a la ciudad porque ese es el objetivo, porque cuando vienen, aunque no estén censados, consumen y gastan y eso genera riqueza». Pese a estas diferencias el PSOE se abstuvo en la votación de esta ordenanza, mientras que Podemos y ZeC votaron en contra. También del resto.

El concejal de Podemos, Fernando Rivarés, ha resumido toda esta operación diciendo que era una muestra más del «favoritismo ideológico y partidista» de PP y Cs y ha criticado que se bonifique a las grandes empresas y que «se aprueben bonificaciones y exenciones para las familias numerosas al margen de su riqueza».

Vox ha logrado imponer su criterio y reducir a diez el número mínimo de empleados que debe tener una empresa de nueva creación para ser beneficiario de las bonificaciones en el IBI, el IAE y el ICIO.

También ha rebajado el IBI hasta el 0,4047, unas décimas más respecto a la propuesta del Gobierno de PP-Cs. En este caso, Navarro ha instado a los grupos de la izquierda a retirar su propuesta respecto a este impuesto, en la que exigían reducir el tipo al mínimo legal, hasta el 0,4. Esto supondría, según ha explicado, una pérdida de ingresos del 2,9 millones en lugar de los 1,5 que se dejarán de percibir con la bajada aprobada.

Lo ha hecho exigiéndoles coherencia después de que las tres formaciones pidieran la retirada del proyecto para compensar con otros tributos los 45 millones que se perderán con la suspensión del cobro de la plusvalía.