El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación que presentó el Gobierno de Aragón en diciembre del año pasado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) le condenara a la DGA a pagar 33,5 millones de euros que el Ayuntamiento de Zaragoza lleva una década reclamando por la deuda de las obras del tranvía.
La admisión a trámite por parte del Supremo supone que el litigio entre ambas administraciones se va a prolongar en el tiempo y tampoco es una buena noticia de cara destensar el ambiente de la reunión bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que se celebrará en no mucho tiempo. En su momento, cuando el TSJA avaló las tesis del consistorio, Azcón le llegó a pedir a Lambán, sin éxito, que no recurriese la sentencia.
Es más, el alcalde llegó a asegurar que recurrir iba a suponer un desperdicio de tiempo y dinero puesto que, en su opinión, había pocas opciones de que el Supremo admitiera la causa. El fondo de la cuestión, sobre el que tendrá de posicionarse el Alto Tribunal, es si el convenio que firmaron la DGA y el ayuntamiento para construir la línea 1 del tranvía se trata de acuerdo que conllevaba una transferencia de fondos directa, como defiende el consistorio, o si se trataba de una subvención, como estima el Ejecutivo aragonés.
El origen de este conflicto está en ese acuerdo, que data de 2009, cuando el PSOE ostentaba la Alcaldía y la presidencia del Gobierno de Aragón. En el pacto para financiar la construcción del tranvía se pautaban una serie de anualidades para que el Ejecutivo autonómico aportara 58.303.500 euros a la obra, de los cuales solo ha abonado 24.758.415 euros. En el 2013, con Luisa Fernanda Rudi al frente, la DGA dejó de pagar la anualidad, casi diez millones, y tampoco atendió la del 2014 ni la del 2015 (otros 15). Tras dos años de trifulca política, en el 2017 el Gobierno aragonés decidió finiquitar ese convenio con un acuerdo unilateral que fijaba en 8.715.090,21 euros, que amplió a 8.987.048,32 en 2018 y que ya ha abonado. Pero la decisión solo dejaba al consistorio la vía de los tribunales para esos 33.545.085 euros que el TSJA le reconoció y sobre los que ahora el Supremo decidirá.
Desde el Gobierno de Aragón consideraron ayer la decisión del Supremo «es una buena noticia», mientras que desde el consistorio prefirieron evitar pronunciarse. Si finalmente los magistrados dan la razón a la DGA será un nuevo mazado para las pretensiones económicas del ayuntamiento después de que el Constitucional haya suspendido el impuesto a la plusvalía, con el que preveía ingresar el año que viene 45 millones.
