El jueves que viene se celebra el debate del estado de Zaragoza y será esta una de las oportunidades del alcalde, Jorge Azcón, para presentar proyectos de gran envergadura. Lo que no anuncie ya, o aunque no lo desvele, lo que no comience a trabajar, no estará listo antes de las siguientes elecciones. Y mientras, al regidor le acompaña un bagaje que podría resumirse en una idea: la colaboración público-privada. La mayoría de las grandes inversiones realizadas en la ciudad se han llevado a cabo con la ayuda y el dinero de empresas. No con fondos públicos.

Es un concepto que se ha convertido ya en un mantra. Tres palabras que puestas juntas son la excusa y el argumento de que las cosas se hacen bien. Una fórmula que el equipo de Gobierno de PP y Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza lleva muy a gala. Los grandes proyectos de ciudad se hacen mediante la colaboración público-privada: el consistorio pone las ganas y las empresas, el dinero (para después, eso sí, llevarse los beneficios).

Ejemplo de ello es la nueva residencia universitaria que ocupará el ahora ruinoso inmueble donde estuvo el conocido como cuartel de Pontoneros, en la calle Madre Rafols. La compañía belga Xior Student Housing va a invertir más de 23 millones de euros, una cifra nada desdeñable y un proyecto que el alcalde describió como «de legislatura», uno de esos que no se presentan todos los días y que marcarán un antes y un después. Un proyecto que costará diez millones más que, por ejemplo, la reforma del Mercado Central, el legado en materia de infraestructuras más visible del mandato de ZeC, aunque en esa ocasión se financió con fondos públicos.

Desde el equipo de Gobierno de PP y Cs afirman siempre que está fórmula es la más viable para sacar adelante grandes proyectos. Los beneficios que esgrimen están claros: las arcas públicas no se resienten y además liberan parte del trabajo a los funcionarios y técnicos municipales, que no dan de sí para hacer realidad todas actuaciones que surgen de las cabezas de los políticos.

Pero hay contraindicaciones: «la despatrimonialización» que dice la izquierda, es decir, ceder recursos municipales al interés privado para que ofrezcan un servicio público, y por tanto, fundamental para que las empresas privadas engorden sus beneficios. Externalización y semiprivatización, en cualquier caso. Con esta misma fórmula es como se va a llevar a cabo, por ejemplo, otro de los grandes proyectos que quedarán para la posteridad: las piscinas de La Almozara, una reivindicación histórica que costará 15 millones que no saldrán de las arcas municipales sino de manos privadas. Una compañía adelantará el dinero pero después se asegurará de sacar rédito e ingresos ofreciendo un servicio para muchos indispensable. Y encima a sabiendas de que el ayuntamiento le garantizará la rentabilidad.

Y mientras las inversiones más caras se están ejecutando vía extrapresupuestaria, las cuentas del Ayuntamiento de Zaragoza parecen no avanzar. Para inversiones reales, el equipo de Gobierno de PP y Cs había guardado para este 2021 casi 60 millones de euros (59.717.206) de los cuales, a finales de septiembre, solo se había comprometido el 36,75% del gasto, que son unos 22 millones. En remanentes de crédito, es decir, en dinero sobrante, todavía quedan 42,5 millones sin tocar y solo faltan menos de tres meses para acabar el año.

El año pasado, el gran anuncio del regidor conservador durante el debate del estado de la ciudad fue la Operación Calles. Una inversión de 11 millones de euros que transformará siete vías de la ciudad, entre ellas la avenida Navarra. Obras todas ellas presentadas varias veces pero que no acabarán hasta el año que viene. Así, el jueves será la oportunidad perfecta de Azcón para vender algún nuevo proyecto, una idea que perdure y que todo el mundo asocie a su Alcaldía. ¿La Romareda? Parece difícil y, en cualquier caso, tampoco se haría la reforma con cargo a los presupuestos municipales. La gran baza para el siguiente ejercicio será la llegada de fondos europeos, que es el otro gran recurso del alcalde para sufragar los proyectos anunciados en los últimos meses (véase la compra de los autobuses eléctricos). Habrá que ver si el primer edil sigue recurriendo al dinero de Bruselas (que suena ya al cuento de la lechera) o si anuncia inversiones reales y sufragadas con el dinero de todos. Que para eso, y para mantener los servicios públicos, se recauda.