Fue la gran promesa de Jorge Azcón durante su campaña electoral de 2019, el proyecto estrella de una legislatura absolutamente marcada por la crisis del coronavirus en su primera parte. La segunda, una vez que el covid parece de alguna manera controlado, se mira de otra manera. Lo hace el Gobierno PP-Cs, que nunca ha abandonado la idea de proyectar un nuevo estadio en Zaragoza. También el PSOE de Lola Ranera, que este martes anunció que llevará al debate sobre el estado de la ciudad la reforma del añejo campo de fútbol. La creciente certeza de que Aragón pueda optar, junto a Cataluña, a la organización de los Juegos Olímpicos de 2030 obliga a hacer movimientos en este sentido, sobre todo por el hecho bien conocido de que el vetusto coliseo zaragocista no está en condiciones de albergar competiciones de élite.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha explicado este martes que presentará una propuesta de resolución en el próximo debate del estado de la ciudad para crear «una mesa de trabajo que debata sobre la reforma de los equipamientos deportivos municipales» ante la evidente posibilidad de que la capital aragonesa en los Juegos Olímpicos de Invierno o en el Mundial de fútbol, ambos eventos en 2030. En esa discusión, La Romareda será el aspecto central que los diferentes grupos tendrán que acordar.
Según la líder de la oposición en el consistorio zaragozano, el debate sobre la reforma del campo de fútbol deberá iniciarse «sobre un folio en blanco y sin apriorismos». Es decir, se deben olvidar todos los obstáculos que han llevado al fracaso a las diferentes propuestas del pasado sobre qué hacer con La Romareda. Ranera incidió en este aspecto, aunque no aclaró si su grupo es partidario de un campo nuevo o de reformar las actuales instalaciones. «Hay que empezar desde cero», subrayó.
Lo que exige el PSOE es que el nuevo proyecto sea pactado y consensuado. En esa idea camina también Jorge Azcón, que ve necesario alcanzar un consenso político, al menos recoger un amplio apoyo en mayoría que le permita dar los primeros pasos. Así se lo ha hecho saber en varias ocasiones a Lola Ranera, que le pide al alcalde un proyecto que sea «explicable». Va en la línea de prudencia que mantuvo al comienzo de la legislatura Lambán, ahora más inclinado al nuevo estadio, sobre todo con los Juegos 2030 en el horizonte.
«El campo, sin que exista un consenso, es más difícil que se haga», afirman en la alcaldía zaragozana. La idea de Azcón pasa desde hace días por convencer al resto de partidos –al menos a una significativa mayoría–, trabajar en el proyecto que 18 meses atrás empezó a bosquejar con Lambán y evitarse sorpresas pretéritas. Para que no ocurra como con el campo de Pepe Atarés, que tumbaron entre el PSOE y CHA; o con el proyecto de Belloch de derruir y reconstruir que la Justicia acabó anulando tras un recurso vía PP-PAR; o con el último intento de un Gobierno PSOE-PAR, que logró casi la unanimidad después de que PP e IU apoyaran la propuesta de trasladar el campo a San José. CHA se descolgó, pero la crisis del ladrillo lo tumbó.
Ranera le pide a Azcón "un proyecto explicable"
Ahora Lola Ranera le pide al alcalde que se olvide también de la propuesta que hizo al principio de su mandato para sufragar las obras del estadio vendiendo suelos municipales para construir vivienda. «Debe ser un proyecto explicable y no un trágala como la modificación 170 del Plan General de Ordenación Urbana que nos presentó», dijo la líder de la oposición. Aquel plan suponía deshacerse de los suelos del 'skate park' de Vía Hispanidad, del centro de educación vial de Violante de Hungría y de los depósitos de Casablanca.
La propuesta del PSOE, aunque incluiría debatir también sobre la reforma de otros equipamientos deportivos de la ciudad además de la del campo de fútbol, supone la recuperación de una discusión que, hasta ahora, se había paralizado por la pandemia. Pero las prisas cada vez son más puesto que en febrero Aragón y Cataluña deberán tener lista su candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Y para entonces, aunque no haya un proyecto concreto sobre la reforma de La Romareda, debería estar ya claro qué se quiere hacer con el estadio.
En ese grupo de trabajo, además de los partidos, debería incluirse también a los representantes del deporte y la cultura para decidir sobre los usos de las nuevas instalaciones que podrán crearse en la ciudad si finalmente acoge los Juegos, el Mundial o ambos eventos, que son «una oportunidad de generar actividad económica y empleo».
Coinciden en algo socialistas y populares, en crear una sociedad en la que pudiera participar todo el mundo, incluido el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. «Sería un fracaso colectivo imperdonable» que Zaragoza no tenga «un estadio moderno» que le permita ser sede de un Mundial o unos Juegos, dijo el presidente Lambán hace ya 18 meses sobre este proyecto que aún está en pañales pero al menos ya gatea.
UN PRESUPUESTO DE 800.000 € PARA EL REFERÉNDUM PIRENAICO
El partido anticapitalista CUP desveló este martes que en la propuesta de presupuestos que se negocian estos días entre bambalinas del Palau de la Generalitat, hay una partida incluida de 800.000 euros para la celebración de la consulta ciudadana que el Govern había prometido antes de dar el último paso en cuanto a la confección de la candidatura de los Juegos Olímpicos.
El referéndum, que seguramente se celebrará solo en la comarcas catalanas del Pirineo, forma parte de la promesa hecha por el Govern antes de dar el sí a los Juegos de 2030. No obstante, todo entra dentro también de las duras negociaciones para la aprobación de las cuentas que mantienen Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat) con la CUP. En el Parlament, no obstante, se ha visto un acercamiento entre Junts y los socialistas catalanes (PSC) liderados por Illa en asuntos como los Juegos Olímpicos de Invierno o la ampliación del aeropuerto de Barcelona.
El presidente catalán admitió la pasada semana el interés que tiene para los territorios pirenaicos la organización de esta cita y por primera vez habló abiertamente de Aragón. «Nos equivocaríamos si los hiciéramos con visión centralista, por lo que estamos en interlocución con todas las instituciones, y entre ellas también el Gobierno de Aragón».
