Comprar una vivienda protección oficial (VPO) de obra nueva es una misión casi imposible en Aragón por la escasez de oferta. En el último año apenas han supuesto el 1,5% del total de compraventas. En el caso de Zaragoza y su área metropolitana casi se pueden contar con los dedos de la mano las promociones inmobiliarias de este tipo –en concreto, siete, cinco en el barrio de Arcosur, una en Miralbueno y otra en la avenida Cataluña–, algo que contrasta con el creciente problema de acceso a este bien básico que tienen los colectivos con menos poder adquisitivo, como los jóvenes, con unos índices de emancipación muy por debajo de los estándares europeos. El peso del alquiler social es todavía más residual. Los empresarios del sector inmobiliario achacan esta atonía al problema de viabilidad económica que tiene esta modalidad con los actuales precios de venta fijados por la DGA, que llevan más de diez años en el mismo nivel, más si cabe en el actual escalada de los costes de la construcción por la carestía de los materiales.
En los seis primeros meses del año tan solo 208 pisos de la comunidad han recibido la calificación de protección oficial provisional en los planes estatales y autonómicos, según las estadísticas del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. En todo 2020 fueron 304, muy lejos de las cifras alcanzadas entre 2007 y 2012 cuando la VPO marcó su punto álgido en Aragón al calor sobre todo del desarrollo del barrio zaragozano de Valdespartera. Entonces, se calificaban como tales entre 900 y 3.000 unidades por ejercicio, hasta un máximo de 3.315 registrado en 2010.
Reserva del 30%
La falta de vivienda asequible es uno de los males que se plantea paliar con la nueva Ley de Vivienda propuesta por el Gobierno de PSOE y Podemos, que contempla la obligatoriedad de destinar hasta un 30% de las nuevas promociones a vivienda protegida. La materialización de este requisito dependerá de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que serán quienes decidan si se exige esa reserva de suelo a los promotores y en qué condiciones. El Gobierno de Aragón, de momento guarda silencio, sobre este asunto a la espera de conocer de primera mano el contenido de la futura normativa.
«La VPO está peor que mal en Aragón», asegura Juan Carlos Bandrés, presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón y director general de Grupo Lobe, una de las pocas empresas que sigue apostando e impulsando vivienda protegida en la comunidad. A su juicio, la escasez de la misma se debe a que el módulo de precio de la comunidad, situado en 153.000 euros en la ciudad de Zaragoza, es «de los más bajos de toda España» y un 20% inferior al de otras capitales de su estilo.
La normativa autonómica no permite que el suelo suponga más del 20% del precio de venta y los costes de la construcción representan otro 60%, pero estos se han disparado un 20% en el último año por la crisis de la cadena de suministro y de los materiales, según estimaciones del sector, que sitúan el margen para el promotor o gestor del proyecto suele rondar entre el 10% y el 15%.
«No salen las cuentas ni queriendo. Con estas condiciones es insostenible hacer vivienda protegida», asegura este empresario, quien subraya la incidencia de otros gastos relacionados con licencias, financiación bancaria, informes técnicos o comercialización. «Es inviable, salvo que todo el mundo pierda dinero», insiste. Ante esta situación, Bandrés reclama a la DGA que suba «como mínimo» de un 10% al 15% el módulo de la VPO para propiciar que se promueva más vivienda asequible.
Sobre la reserva del 30% para hacer vivienda social que plantea la nueva ley estatal, desde la patronal aragonesa señalan que falta por conocer la «letra pequeña» de este anuncio, pero considera que la pelota de este asunto está «en el tejado» de las comunidades autónomas. Por este motivo, están a la espera de reunirse con la DGA para conocer su posición al respecto. «Las reglas generalistas siempre son malas. Si se aplicará tal cual, en la práctica supondrá un freno a la actividad», sostienen.
