Mientras el Ayuntamiento de Zaragoza continúa adelante con los procesos selectivos para reponer las plazas de funcionarios vacantes (muchas de las cuales ahora están ocupadas por interinos "en abuso de temporalidad"), el colectivo de trabajadores temporales en el consistorio continúa su pugna en la Justicia para tratar de impedir el cese de muchos empleados públicos que, aunque no sean fijos, llevan lustros contratados. El último espaldarazo que han recibido es el de la Fiscalía europea, que iniciará un procedimiento para determinar si se ha cometido un delito con respecto a la situación laboral de cientos de interinos.
La Plataforma de Trabajadoras Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ) es quien está llevando a cabo esta lucha, aunque no siempre con éxito. El pasado mes de septiembre, los interinos presentaron una denuncia de tipo penal ante la Fiscalía provincial contra el equipo de Gobierno de PP y Cs -encabezado por Jorge Azcón- y altos funcionarios de la casa por "organización criminal" que no ha prosperado. Según los interinos, lo que hizo la Justicia aragonesa fue "sacar las castañas del fuego", por lo que no les quedó "más remedio" que acudir a instancias europeas.
Es entonces cuando han conseguido que la Fiscalía incoe (inicie) un procedimiento "para determinar si se ha cometido un delito en conformidad con lo dispuesto en el reglamento de la Unión", explican desde PTTAZ. Precisamente en las instituciones europeas es donde los interinos han conseguido más respaldo, pues han sido las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el alto índice de temporalidad en las Administraciones españolas las que han obligado a mover ficha al Gobierno de Sánchez.
En este caso, la Justicia europea examinará la denuncia presentada por PTTAZ, que pedía que se investigaran "situaciones que derivan de la renovación sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada que no trata de atender necesidades provisionales", sino estructurales, algo por lo que Europa ya ha llamado la atención a España. En verano, el entonces ministro de Función Pública, Miguel Iceta, publicó un decreto para tratar de regularizar la situación de los trabajadores públicos temporales, pero la norma no gustó ni al colectivo ni al resto de partidos en el Congreso, que en estos momentos están negociando la aprobación de un proyecto de ley que sí que recoja las demandas de los empleados "en fraude de ley", que son los que llevan trabajando en la Administración más de tres años sin un contrato fijo.
Además, en la denuncia de los interinos ante la Fiscalía, también se pide que se investigue si "existe un defecto estructural, manifestado por el elevado porcentaje de empleados públicos temporales, quienes constituyen, por esta razón, un elemento esencial del funcionamiento de dicho sector".
Indemnizaciones o fijeza
También lamenta PTTAZ "la inexistencia de límites máximos con respecto al número de las sucesivas relaciones de servicio de duración determinada y en el incumplimiento de la obligación legal de proveer los puestos temporalmente cubiertos por dicho personal, mediante el nombramiento de empleados públicos, con una relación de servicio de duración indefinida". Por todo ello, piden que se les convierta en fijos o, si no, que se les indemnice.
Y con respecto a los supuestos delitos cometidos por el consistorio, recuerdan los interinos que el equipo de Gobierno debería prever una partida en los presupuestos para poder pagar las indemnizaciones de los interinos que sean cesados. En el caso de que la Justicia les diera la razón a los trabajadores temporales, PTTAZ asegura que Zaragoza podría quedarse sin acceso a los fondos europeos.
La lucha entre los interinos y el ayuntamiento, de todas formas, también se replica en instituciones aragonesas, como en los despachos del Justicia de Aragón, quien no puede tramitar la queja presentada por el colectivo debido a que el consistorio no ha enviado todavía la información que se les ha requerido.
ERC pide dinero en los presupuestos para las indemnizaciones de los interinos
Las negociaciones para convertir el decreto de Iceta, el Icetazo, en una ley que guste a la mayoría del Congreso se están retrasando. Tanto Unidas Podemos como ERC convalidaron la norma del ministro socialista a cambio de tramitarla como un proyecto de ley para poder incluir enmiendas que satisfagan las reivindicaciones de los interinos.
Ahora, además, según ha podido saber este periódico, Esquerra Republicana ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se reserve una partida de 150 millones de euros destinada a pagar las indemnizaciones de los interinos que sean cesados, que según la jurisprudencia europea (y, por tanto, también la aragonesa) deberían ser de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades.
