El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha acordado este viernes la «suspensión con carácter cautelar» del procedimiento de licitación del nuevo contrato de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos en Zaragoza. La decisión se ha tomado a raíz de un recurso contra el proceso que presentó el PSOE el pasado mes de septiembre aunque lo llamativo es que, según consta en el escrito del propio organismo, el concurso no se ha parado por considerar que los socialistas tuvieran razón, sino porque no hubo quórum en la votación que tenía que decidir qué hacer.
Así que, con la «finalidad de asegurar el efecto útil del recurso», es decir, por si acaso, el TACPA «aconseja la suspensión del procedimiento instada por la recurrente, que es la portavoz del grupo municipal socialista, Lola Ranera, que ayer se limitó a «respetar las decisiones de un tribunal independiente». Sin embargo, desde el equipo de Gobierno de PP y Cs se han mostrado mucho más enérgicos en su crítica al PSOE, que consideran que está utilizando este asunto para paralizar su capacidad de acción.
Por ello, este mismo viernes desde PP y Cs han informado que van a recurrir la decisión del TACPA ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Consideran que la medida cautelar no se puede tomar y que el acuerdo es nulo de pleno derecho porque no hubo quórum durante la votación, es decir, que no había el número suficiente de personas como para que fuera válida.
Esto ocurrió porque la presidenta del tribunal se inhibió en la votación ya que su persona está relacionada con el técnico municipal que redactó los pliegos cuya licitación ahora se ha paralizado cautelarmente. Además, otro de los tres puestos que debían deliberar está vacante y no se ha repuesto, por lo que solo una persona podía participar en la decisión.
«La resolución, notificada esta tarde (por ayer), se ha adoptado sin que ese órgano dependiente del Gobierno de Aragón se haya constituido y sin el quórum legalmente establecido para la adopción de acuerdos, causando un grave perjuicio a la institución y al propio procedimiento de contratación que ya está en marcha y con las ofertas presentadas, perjudicando, por tanto, al interés general de manera manifiesta», han lamentado desde PP y Cs.
Guerra política
Así, la concejala de Presidencia, Hacienda e Interior, María Navarro, de la que depende el área de Contratación, ya trabaja con los servicios jurídicos y con el área de Servicios Públicos «para redactar el recurso y seguir la licitación de este importante contrato».
Navarro ha criticado «los graves problemas que está generando el recurso socialista» y denunció también «la inseguridad causada por el retraso de la DGA a la hora de cubrir las vacantes del TACPA». De igual modo, volvió a cuestionar «el intento del PSOE de que la ciudad esté más limpia a través de un recurso injustificable que perjudica a la ciudadanía y a los trabajadores de la contrata».
Según María Navarro, «Ranera y el PSOE no tienen motivo alguno de celebración y deberían volver a reflexionar sobre su papel en una ciudad a la que están atacando con sus intentos de bloqueo permanentes y su falta de colaboración». En este sentido, ha exigido que retiren en recurso y «dejen que la ciudad avance con el mejor contrato de limpieza de toda la historia, con más medios e innovaciones tecnológicas que nunca», como la incorporación de sensores en los contenedores que iban a permitir controlar el nivel de llenado y el calor para detectar incendios.
Por su parte, los socialistas han insistido en que la medida cautelar en ningún caso va a suponer que se deje de prestar el servicio, puesto que el contrato actual (que ejecuta FCC) ya está caducado desde hace un año y está en reconocimiento de obligación, es decir, que se tiene que seguir ofreciendo sí o sí. En este caso además, y a diferencia de lo que ocurría con el contrato de Parques y Jardines, que también caducó, el actual equipo de Gobierno negoció con la adjudicataria para que esta prórroga no costara más dinero.
Además, el PSOE sigue defendiendo que los pliegos aprobados por PP y Cs suscitan muchas «dudas jurídicas», puesto que hay un incremento del coste que consideran «injustificado» y porque no se demuestra lo suficiente la necesidad de no dividir el contrato el lotes, un asunto en el que, por lo menos de palabra, todos los partidos políticos están de acuerdo: todos quieren que el servicio lo preste una sola empresa y no varias.
No obstante, la consecuencia del recurso presentado podría ser que el contrato tuviera de dividirse, además de alargar en el tiempo la entrada en vigor del nuevo contrato, que incluía, según PP y Cs, mejoras sustanciales en el servicio.
La plantilla insiste en los perjuicios de suspender la licitación
El comité de empresa de FCC Limpieza y Recogida de residuos mantiene su cruzada contra los socialistas. Ayer, tras conocer la resolución del TACPA, insistieron en pedirle al PSOE que retire el recurso porque podría conllevar la división de la plantilla, algo que ningún grupo defiende. Además, recuerdan, la paralización supondrá retrasar la llegada de nueva maquinaria y la implantación de medidas que mejoran las condiciones laborales de la plantilla.
Desde el PSOE han insistido siempre en que su intención no es perjudicar a los empleados de FCC ni que el contrato se divida en lotes. Siempre han defendido que el recurso presentado es legítimo y se debe a su papel vigilante como oposición, por lo que siempre criticaron que el equipo de PP y Cs convocaran un pleno extraordinario para pedirles que retiraran la queja ante el TACPA. Además, la suya no ha sido la única, puesto que también había recurrido una empresa de gestión de residuos.
