Los cambios en la liquidación de la plusvalía han vuelto a protagonizar la comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza. Mientras los técnicos siguen haciendo cálculos sobre cómo afectará a las arcas municipales, las formaciones de izquierdas han instado al equipo de Gobierno de PP-Cs a actualizar y adecuar el paquete de ordenanzas fiscales para compensar los 15 millones que se dejarán de recaudar el próximo año con el resto de impuestos. 

No habrá negociación, ni se modificarán las ordenanzas de 2022 que PP y Cs aprobaron gracias a los votos de Vox, porque la concejala de Hacienda, María Navarro, ha descartado esta opción. “Los ayuntamientos, en política fiscal, estamos constreñidos y más allá de las bonificaciones poco podemos hacer”, ha explicado Navarro, que ha vuelto a insistir en la necesidad de que se adecue el sistema de financiación local y autonómico y que se haga “de verdad para que sea más justo”. 

Consecuencias de la nueva plusvalía

La titular de Hacienda ha explicado que el próximo año la recaudación por plusvalía será de unos 30 millones, alrededor de un “30% o 40% menos” de lo estimado inicialmente, lo que supondrán una merma de 15 millones. Este 2021 van a ser 36 millones los que se ingresen por este tributo.

Pero aún hay más porque el consistorio se enfrenta a 3.513 reclamaciones que o no se cobrarán o se tendrán que devolver. Y aún queda por saber cuántas liquidaciones no se pudieron hacer desde que el Tribunal Constitucional declaró nulo el tributo hasta que el Gobierno de España aprobó el real decreto con la nueva fórmula, desde el 26 de octubre hasta el 9 de noviembre, periodo en el que se suspendió la tramitación de tributo. 

La alternativa: ¿recortes?

Desde el PSOE, Ros Cihuelo ha insistido en la importancia de que se adecuen las bonificaciones del resto de impuestos y tasas para equilibrar los ingresos. “Estamos obligados a dar unos servicios públicos que pueden verse afectados si se ven mermados los ingresos por la modificación de la forma de recaudar la plusvalía”, ha señalado la socialista, que ha alertado de que la alternativa pasa por los “recortes”. 

También el portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha mencionado el riesgo que existe de que el Gobierno de PP-Cs salve el descenso en la recaudación recortando otras partidas. “Las ordenanzas deben ser recompuestas para equilibrar el descenso de los ingresos y evitar los recortes”, ha reiterado, no sin recordar que sería el momento de aplicar la progresividad fiscal y “que paguen más, los que más tienen”. 

Desde ZeC, Alberto Cubero ha señalado que la reducción de ingresos podría ser de unos 10 millones, una cuantía que, según ha dicho, “no es insalvable”, por lo que ha criticado que desde el Gobierno de PP-Cs se reclame un fondo de compensación

Por su parte, Carmen Herrarte, de Cs, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha responsabilizado de la situación. “Tenemos un problema operativo debido a la negligencia del Gobierno de España. Cs lleva 10 años advirtiendo que se iba a declarar inconstitucional”, ha declarado.