El PSOE lo tiene claro: los cacahuetes de la Expo sí que podrían reconvertirse en viviendas. Cierto es que para hacerlo el Ayuntamiento de Zaragoza tendría que aprobar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero los socialistas insisten en que de hacerlo, el consistorio no se enfrentaría en ningún caso a un aluvión de reclamaciones de los que en su día fueron propietarios de esos suelos, como advierten desde el Gobierno de PP-Cs. La cláusula de retracto que permitiría al vendedor recuperar su parcela “ha prescrito”. Desde PP-Cs insisten en que en estos suelos no se puede hacer viviendas, de ningún modo. Y no por capricho, porque el planeamiento urbano no lo permite.
Como ha adelantado EL PERIÓDICO, el 29 de noviembre 2013, el pleno aprobó una modificación del PGOU que califica los suelos como zona A 2, grado 4. Según el mismo plan, en su artículo 4.2.6 (bis), establece que entre las condiciones de uso del grado 4 se incluye la opción de «residencia comunitaria y uso hotelero». Esta clasificación es una de las tres tipologías que alberga la categoría genérica de “uso residencial”, un matiz esencial para el PSOE.
Las posibilidades
Este detalle es importante por dos motivos, según el concejal Horacio Royo, que ha explicado que este hecho anularía la carga de derecho de retracto que incluía el contrato que en su día firmó el ayuntamiento con los propietarios que vendieron los terrenos de manera que, en el caso de que se cambiara a residencial el uso de esos suelos, podrían reclamar sus parcelas. Según Royo, en esa cláusula lo que se dice es que “se les faculta para recuperar los terrenos vendidos si en el futuro en éstos (suelos) se permite total o parcialmente un uso residencial”. Y aquí está el matiz, en la categoría de “uso residencial”.
El concejal defiende que según la norma urbanística, el uso residencial contempla: viviendas; residencia comunitaria y hoteles. De manera que, al incluirse en el PGOU en 2013 la posibilidad de destinar los suelos a residencia comunitaria (uno de los tres), habría empezado a correr el tiempo para aplicar la famosa cláusula de retracto, que habría prescrito en noviembre de 2017.
Tras este obstáculo salvado, siempre según el PSOE, defienden que el Gobierno de Aragón podría impulsar un proyecto similar al de las viviendas con usos compartidos de Las Fuentes, construidas en un suelo catalogado como equipamiento asistencial. Pero también podría instar al ayuntamiento a modificar el PGOU para incluir el uso residencial y, entonces sí, construir viviendas, ya que no hay peligro de que los antiguos propietarios puedan reclamar.
Plan municipal
No lo tienen tan claro desde el Gobierno de PP-Cs, que aseguran que la calificación de los suelos como zona A 2, grado 4 no incluye el uso destinado a viviendas. Además, señalan que la norma incluye la posibilidad de crear residencias comunitarias pero “de forma complementaria”, no principal como parece que pretende hacer la DGA, que sigue sin desvelar su proyecto. Insisten, además, en que la ciudad lo que necesita es crear vivienda para jóvenes en los barrios, no en uno único, como plantea el Ejecutivo aragonés.
El ayuntamiento propone habilitar 199 pisos públicos en el barrio de Valdefierro, otros 132 en Las Fuentes (en la calle Padre Chaminade), 108 en Miguel Servet, el camino de las Torres, la calle Las Armas y Los Viejos; otros 50 en el Arrabal y otros 30 en Casetas.
Críticas por la gestión de Azcón
Según la portavoz del PSOE, Lola Ranera, la actitud que ha adoptado el alcalde Jorge Azcón, que asegura que este proyecto es “ilegal” e “inviable”, es “partidista” porque, ha dicho, lo que pretende es “estrellar” un proyecto que contempla 500 viviendas para jóvenes en un lugar “vacío de la ciudad”.
“Tenemos la sensación de que es el alcalde ni hace ni dejar hacer”, ha asegurado Ranera, que ha criticado que Azcón primero ejerció en Madrid de alcalde rebelde para alcanzar la presidencia del PP en Aragón y que ahora “ejercer de oposición a Lambán”.
Financiación
Ahora bien, ambas instituciones, que plantean ampliar el parque público con unas 500 viviendas, pretenden financiar su plan de vivienda con los fondos europeos, que son limitados. Sin ese dinero, ni el ayuntamiento ni la DGA podrán impulsar su proyecto. La decisión de quién los gestiona será de la DGA, que es la institución competente para decidir cómo es el reparto de las ayudas de la Unión Europea.
