De los 365 días que tiene el año, los trabajadores del tranvía de Zaragoza han estado 226 días en huelga. Hoy hace un año desde que iniciaron las jornadas de paros, algo menos, once meses, desde que las convocaron los conductores del autobús urbano. Un año que ha servido para poco porque la huelga en el transporte público continúa y hay pocas posibilidades de que se suspenda dado que las negociaciones con las empresas, Los Tranvías y Avanza, están rotas desde diciembre. Además, el alcalde, Jorge Azcón, ha decidido adoptar un papel secundario y dejar en manos de ambas partes la solución al conflicto. 

El 5 de enero de 2021 marcará un antes y un después. Fue el inicio de la huelga más larga en el transporte público, con convocatorias que se han realizado de forma alterna, con horarios distintos y en un momento un tanto delicado, ya que la crisis sanitaria ha ido acompañada de restricciones, aforos y, sobre todo, miedo a los espacios cerrados y concurridos. 

Y muy concurrido ha estado el tranvía durante este año, sobre todo en las horas de paros, pese a que los servicios mínimos decretados por el equipo de Gobierno de PP-Cs han llegado a ser incluso del 90% que no han evitado las imágenes de convoyes llenos y sin espacio de separación entre los pasajeros. 

A lo largo de 2021, los trabajadores del Urbos 3 han aprobado 10 convocatorias que han alterado el servicio durante 226 días, el equivalente a 582 horas, un 8,4% del tiempo en el que los convoyes están en circulación. 

15 millones de usuarios más que en 2020

  • El transporte público de Zaragoza experimentó durante 2021 un incremento en número de viajeros de un 21,8 % respecto a 2020. Son 15.313.000 usuarios más que hace un año, aunque la cifra sigue muy lejos de 2019. El año pasado se transportó a 85.424.574 personas, un 31% menos que antes de la pandemia, cuando se alcanzó la cifra récord de 123 millones.
  • El autobús urbano registró el pasado año 65.578.815 viajes, frente a los 94.164.615 de 2019 y los 54.368.236 de 2020. 
  • El tranvía fue utilizado por 19.845.759 usuarios, mientras que en 2019 lo hicieron 28.874.078 en 2019 y 15.743.237 en 2020. 
  • Este descenso supone un déficit económico en el servicio de movilidad que ronda los 17,5 millones de euros. 

Reclamaciones

Unos paros con los que han pretendido presionar a la empresa, con la que llevan demasiado tiempo negociando un convenio colectivo que sigue en punto muerto. En concreto, 36 meses de negociaciones. Piden mejoras salariales, pluses acordes a su responsabilidad y a las funciones nuevas que están asumiendo, menos horas de conducción, una conciliación laboral real y formación, entre otras. 

Desde Los Tranvías explican que con los datos actuales del IPC en el 6,7%, las reclamaciones de unos empleados con un salario medio bruto anual de 27.000 euros (con pluses) supondrían un incremento de la masa salarial del «60%». 

Este aumento incluiría los incrementos retributivos, de personal para cubrir las reducciones de jornada solicitadas y otras modificaciones organizativas que reclaman. La compañía es directa, «no hay empresa que pueda sumir estos incrementos salariales». 

El 10 de diciembre, tras la última convocatoria de paros, la reunión celebrada en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) terminó sin acuerdo. Hasta hoy. 

Usuarios en la parada del tranvía de la plaza España. JOSE MIGUEL CALVO

Según explican desde la empresa, durante los 226 días de huelga, «el usuario ha sufrido un descontrol por los continuos cambios en las horas de afecciones y días». En cada convocatoria los trabajadores ejercían su derecho a huelga en una franja horaria distinta que ha variado desde las seis horas seguidas coincidiendo con la semana del Pilar, hasta los cuatro paros diarios de 30 minutos a finales de octubre. La tónica habitual son jornadas de una o dos horas y media, en hora punta y días laborales. 

Según la compañía, esto provoca importantes afecciones en el servicio, pero menos en el bolsillo de los trabajadores. Según Los Tranvías, los paros se convocan de forma estratégica, en franjas horarias cortas. Así, la afección media por conductor ha sido de 25 horas, unos 30 euros al mes, 360 al año. 

Avanza denuncia ante la Policía un sabotaje a dos conductoras del bus

La dirección de Avanza ha denunciado ante la Policía Nacional el sabotaje a dos trabajadoras que ejercían su derecho al trabajo durante el horario de paros convocados por el comité. Según la empresa, les pincharon una de las ruedas de los autobuses que conducían mediante idénticos objetos punzantes de grandes dimensiones conocidos como abrojos. Estos elementos constan de cuatro púas metálicas afiladas de modo que, al dejarlos caer, una punta siempre queda arriba, clavándose profundamente en el neumático al paso del vehículo, y, en este caso, los hechos se produjeron en las terminales de las líneas mientras los vehículos estaban detenidos. Con la denuncia policial se ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. 

En el bus

Algo más están perdiendo los del autobús urbano, unos 500 euros de media. Los conductores están en huelga indefinida aunque en semanas alternas, en las que los usuarios tienen que armarse de paciencia en las paradas entre las 12.30 y las 16.30 horas. 

Con una larga tradición de huelgas, comenzaron los paros el 20 de febrero, también como consecuencia de las infructuosas negociaciones del convenio colectivo que iniciaron hace dos años. 

A lo largo de 2021, el servicio se ha visto alterado durante 69 días y 276 horas con un impacto total de 21.000 horas de servicio (sumando todos los autobuses y empleados). 

La empresa ya ha dicho en más de una ocasión que el escenario de negociación actual es mucho más complicado. Ya no solo por la subida del IPC o del precio del carburante, sino porque han dejado de ingresar un millón de euros por la huelga, y le ha costado más de «200.000 euros» en concepto de horas a abonar a los representantes del comité, con quienes han mantenido 58 reuniones.

Desde Avanza aseguran que las pretensiones económicas de los empleados suponen un aumento de la masa salarial del 35% y que la reducción de la jornada laboral exigida se traduciría en 30 días de trabajo, «como un mes más de vacaciones». 

Los conductores están de huelga indefinida y dispuestos a endurecerla todavía más. Así lo advirtió ayer el representante de los trabajadores, Javier Anadón, que denunció la posición adoptada por la empresa y también por Jorge Azcón y la concejala de Movilidad, Natalia Chueca. «Cuando estaba en la oposición exigía un mediador y ahora que es alcalde se niega», criticó. Desde el área de Movilidad reiteraron ayer que se trata de un conflicto interno que deben resolver las partes implicadas.