El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha avalado los pliegos de condiciones diseñados por el Gobierno de PP y Cs del Ayuntamiento de Zaragoza para el servicio de la limpieza ciudadana, recurrido el pasado mes de septiembre por el PSOE. Un varapalo, a medias, para los socialistas que permite que el proceso siga adelante y se licite uno de los contratos más importantes del consistorio, que asciende a 743 millones de euros y que incluye notables mejoras en el servicio.
La portavoz del PSOE, Lola Ranera, cuestionó la legalidad de los pliegos, los elevó hasta el TACPA y solicitó la suspensión cautelar del proceso por tres motivos. Según la socialista, en los pliegos no se motivaba debidamente la decisión de no dividir en lotes el servicio; se incluían exigencias (utilizar las instalaciones actuales) que se presentan como un obstáculo a la igualdad de trato y libre competencia; e incluía una cláusula de dudosa legalidad que establecía el arbitraje como método de resolución de conflictos entre la futura contrata y el ayuntamiento.
El Tribunal de Contratos, que estima parcialmente el recurso, anula únicamente esta última cláusula, al considerar que, efectivamente, «el propio principio de legalidad impide aceptar esta figura», permitiendo así la posibilidad de que las dos partes puedan recurrir a los tribunales en caso de que existan diferencias.
Por otro lado, el TACPA rechaza la denuncia sobre la falta de motivación a la hora de justificar la decisión de que el servicio lo preste una única empresa. Y la deniega porque el Gobierno de PP-Cs presentó una alegación incluyendo un informe detallado con el que la acreditaba.
En ese documento se constaba que la división en lotes supondría un incremento del coste de 1.023.679 euros al año (+ IVA) derivado del coste de personal y de los equipos necesarios. Cabe recordar que, según los socialistas, «la naturaleza del contrato y su objeto resultaba idóneo para la división en lotes». Posteriormente han asegurado que, en ningún caso, querían que sucediese.
Tampoco comparte el Tribunal de Contratos las dudas que siembra el PSOE sobre la vulneración del principio de igualdad o de concurrencia por incluir como requisito que se sigan utilizando las mismas instalaciones, un hecho que, según los socialistas, otorgaría «ventaja» al actual contratista. El TACPA no aprecia «la voluntad de primar determinadas empresas».
Para PP y Cs, se constata «el fracaso rotundo» del PSOE a la hora de intentar «torpedear» su gestión, ha asegurado la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, que ha denunciado que Ranera había presentado este recurso «de forma malintencionada». También le ha reprochado que alertara al ciudadano afirmando que ocasionaría un «aumento de la tasa de basuras».
Una lectura bien distinta hizo la socialista, que ha asegurado que ahora, gracias a la labor de su formación y su recurso, «los pliegos eran legales» porque el Gobierno local había «justificado debidamente» que el servicio se preste en un único lote y que se sigan utilizando las mismas instalaciones que en la actualidad.
