No se calman las aguas en el Ayuntamiento de Zaragoza y este jueves han seguido coleando los presuntos casos de amaño que se han dado en algunos exámenes de oposición para optar a un empleo público en el consistorio. No obstante, el equipo de Gobierno de PP y Cs ha dado un paso que la oposición llevaba días reclamando: llevar el asunto a la Fiscalía para que sea un «órgano externo» el que investigue los hechos.

Lo anunció la portavoz del Gobierno municipal, María Navarro, junto con el concejal de Personal, Alfonso Mendoza, quienes, en una rueda de prensa, han apelado también a la presunción de inocencia de los funcionarios, a los que hay que evitar señalar, pidieron ambos. «Pero, efectivamente, cuando hemos conocido unos hechos eso hace que tengamos que ponerlos en conocimiento de la fiscalía», reconoció después Navarro.

Los acontecimientos se han desencadenado en los últimos días a raíz del segundo caso de un examen sospechoso que adelantó este diario, una prueba del año 2018 y que era para técnico medio informático.

Cuando se conoció la primera oposición bajo sospecha por contener signos de puntuación que permitían saber la respuesta correcta, después de que ZeC lo sacara a la luz, Mendoza anunció que iba a pedir un informe a la oficina de Recursos Humanos y que se iba a suspender ese proceso, que afectaba a varias plazas para oficial de cementerio. Asimismo, ordenó investigar otras oposiciones para conocer si ese truco, el de los puntos, se había utilizado en más ocasiones.

Sin embargo, la oposición le pedía más y desde ZeC, desde un primer momento, le solicitaron al alcalde, Jorge Azcón, que abriera un proceso de información reservada para tratar de conocer qué es lo que estaba ocurriendo. Pero en el pleno de la semana pasada el voto de calidad del regidor impidió llevar a cabo esa investigación más en profundidad. Ahora, con el nuevo paso que han dado desde el Gobierno municipal, será la Fiscalía la que investigue los exámenes bajo sospecha.

Con este movimiento Navarro también quiso tratar de zanjar el asunto e insistió en que, una vez en manos de la Fiscalía, es la Justicia la que debe determinar si se ha producido un delito o no. «Queremos garantizar la transparencia. Pero no se pueden hacer acusaciones de antemano desde los cargos políticos», dijo Navarro en referencia a las acusaciones vertidas por la izquierda, que responsabilizan al Gobierno de Azcón por no haber actuado antes y con más contundencia.

"Herencia recibida"

Sin embargo, para tratar de esquivar más acusaciones de la izquierda, Navarro dijo en varias ocasiones que este problema, el de los exámenes presuntamente amañados, son parte de la «herencia recibida» del anterior mandato, cuando gobernaba ZeC, puesto que la prueba bajo sospecha que desveló EL PERIÓDICO es del año 2018.

No obstante, desde Zaragoza en Común, el concejal Alberto Cubero ya señaló el miércoles dónde podía estar el problema: «No puede ser que se sigan manteniendo impunes a aquellos funcionarios que están amañando oposiciones».

Pero las exigencias a PP y Cs no solo han venido por parte de los grupos de la izquierda. Este jueves se ha reunido la Junta de Personal, que aúna a todos los sindicatos con representación entre los funcionarios (CCOO, CGT, CSIF, CSL, Forzapol, OSTA, STAZ y UGT), y emitieron un comunicado para solicitar que se abra «un proceso investigador que clarifique todo lo ocurrido» y pidieron también que se «depuren, en su caso, todas aquellas responsabilidades a las que hubiese lugar».

La Junta de Personal también solicitó a Mendoza conocer «la información que está elaborando la oficina de Recursos Humanos» sobre los presuntos exámenes fraudulentos, algo por lo que el concejal también fue preguntado en rueda de prensa. «Solicité que se diera esa información a la menor brevedad posible», se limitó a decir, por lo que se supone que todavía no ha habido comunicación alguna a este respecto.

Antes de que PP y Cs anunciaran este jueves que iban a trasladar este caso a la Fiscalía, la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Lola Ranera, compareció ante los medios para exigir que se convocara una junta de portavoces sobre «la trama del punto», como bautizó la socialista el truco que se usaba en los exámenes «amañados» para que se supieran las respuestas correctas.

La junta se celebró a las 14.30 y estuvo presidida por el alcalde. En ella, los portavoces de todos los grupos secundaron la propuesta de PP y Cs de dar traslado a la Fiscalía de la información recabada hasta el momento. Pero la portavoz del PSOE había hecho más exigencias: que se abra una comisión de investigación en el seno del ayuntamiento y que se aparte, momentáneamente, a los trabajadores de la oficina de Recursos Humanos que pudieran estar relacionados con los amaños.

Asimismo, la socialista afirmó que había un tercer examen bajo sospecha, si bien la prueba señalada por Ranera solo contenía dos preguntas de 50 en las que las respuestas correctas coincidían con las que estaban sin puntuar, a diferencia de las incorrectas.