Las sentencias anulando las liquidaciones del impuesto de plusvalía municipal en Zaragoza, siguiendo el criterio de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, no se han hecho esperar. Apenas diez días desde que el Ayuntamiento de Zaragoza autorizase a su equipo jurídico a allanarse o desistir en los procedimientos judiciales abiertos de reclamación de este impuesto, los tribunales han recibido ya los correspondientes escritos de allanamiento municipal, lo que ha permitido que los jueces comiencen a dictar sentencias anulando las liquidaciones de plusvalía y ordenando la devolución del importe abonado en su día por los ciudadanos demandantes.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza, al frente del cual se encuentra la magistrada-juez doña Concepción Gimeno Gracia, ha sido uno de los primeros en seguir los pasos de la senda marcada por el Tribunal Constitucional y uno de los más ágiles a la hora de aceptar el escrito de allanamiento presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza, estudiarlo y dictar sentencia.
Se da la circunstancia añadida de que uno de los procedimientos resueltos a favor de los demandantes es una vivienda de la calle Arzobispo Apaolaza que forma parte de un edificio en el que el resto de pisos, trasteros y garajes se encuentran también inmersos en procedimientos judiciales.
En su día se intentó realizar una reclamación conjunta contra la liquidación del impuesto de plusvalía de todo el inmueble, pero desde el juzgado se optó finalmente por ‘atomizar’ el procedimiento y analizar uno a uno los pisos, los trasteros y las plazas de garaje que, al 2 transmitirse, generaron el hecho imponible que grava la plusvalía municipal. Todo apunta a que, a la vista de esta sentencia favorable por allanamiento del Ayuntamiento de Zaragoza, el resto de viviendas del edificio en litigio se resolverán de un modo similar.
Además del procedimiento anteriormente mencionado en el distrito Universidad, en los últimos días se han recibido también sentencias favorables a los intereses de ciudadanos particulares con viviendas transmitidas en barrios como Delicias. De nuevo, gracias al allanamiento del consistorio zaragozano.
