El modelo del Bizi Zaragoza «está agotado». Lo ha dicho la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, que ha precisado que hoy en día este servicio público de alquiler de bicicletas no tiene la suficiente demanda como para que sea rentable.
Su continuidad está en el aire, pese a que los grupos de la izquierda han instado en bloque al Gobierno de PP-Cs a que garantice su viabilidad una vez que finalice el actual contrato, en septiembre de 2023. Lo han hecho en una moción presentada por el PSOE que han tumbado PP, Cs y Vox, las tres formaciones que cuestionan la rentabilidad del servicio.
La concejala de Movilidad ha sido muy clara. Con la llegada de las nuevas operadoras a la capital, y la aparición de los patinetes como alternativa para desplazarse por la ciudad, la «demanda no es suficiente» como para mantener este servicio en las mismas condiciones y que tiene «un coste anual de 4,2 millones al año». Sin olvidar que cada vez son más los que tienen su propia bicicleta.
Chueca defendió el papel que tuvo el Bizi en 2008 porque «ayudó a despertar la movilidad ciclista» en la ciudad. Un momento en el que empezaron a construirse kilómetros de carriles bici, lo que incentivó todavía más su uso. Por aquel entonces los costes del servicio se pagaban con la publicidad, algo que ahora es más complicado.
La empresa que gestiona el Bizi, Clear Channel, además de haber solicitado al ayuntamiento una prórroga del contrato de dos años para compensar las pérdidas registradas durante el confinamiento y el estado de alarma --el consistorio le ha autorizado 171 días--, le reclama 672.532 euros por el perjuicio que le generó la llegada de empresas privadas, lo que ha repercutido directamente en la pérdida de usuarios.
Tanto Chueca como el alcalde, Jorge Azcón, han evitado hablar de sus discrepancias con la multinacional, que no descarta recurrir a la vía judicial si desde Servicios Públicos rechazan la negociación.
Azcón ha recordado que las decisiones del pasado ya le han costado «mucho dinero» a las arcas públicas. Se refería a la indemnización de 274.071 euros en concepto de daños y prejuicios por la anulación por parte del Tribunal de Contratos de la ampliación del servicio impulsada por ZeC a petición de Cs y que la Justicia declaró ilegal después de que él mismo, estando en la oposición, la recurriera.
Hizo referencia al pasado después de que PSOE, Podemos y ZeC hayan mencionado las «desigualdades» del servicio, que no llega a todos los barrios, y destacaran la importancia que tiene mantenerlo en las mejores condiciones para que aquellos hogares con menos recursos también puedan desplazarse en bici. Un abono trimestral de una empresa privada ronda los 120 euros, mientras que el bono anual del Bizi está en 37 euros.
Desde el PSOE, Alfonso Gómez Gámez ha criticado que PP-Cs han «abandonado» el Bizi, cuyo mantenimiento es mejorable, e instó al alcalde a que «apueste por este servicio público». El concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha mencionado que con el Bizi se garantiza un uso adecuado del espacio público, dado que las bicis tienen que estar ancladas en las estaciones. Por su parte, Fernando Rivarés ha destacado la importancia de que se mantenga el alquiler de bicicletas públicas para impulsar la movilidad sostenible. Desde Vox, Carmen Rouco, solicitó que se realice un estudio que garantice su viabilidad.
Tanto Azcón como la concejala han responsabilizado al PSOE de que el servicio sea desigual y no llegue a todos los barrios porque, dijo el primer edil, los pliegos que elaboraron no contemplaban la expansión por la capital.
El pasado mes de marzo el servicio tenía 13.824 abonados. El año 2021 se cerró con 14.223, un año en el que se dieron de baja del servicio público 2.002 personas. Salvando el año de la pandemia, en 2019 había 18.688 usuarios.
