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El Periódico de Aragón

LA DGA DEBE PAGAR

La DGA deberá pagar 4,2 millones al Ayuntamiento de Zaragoza por usar los juzgados de la plaza del Pilar

El TSJA estima en parte las demandas que emprendió ZeC en el año 2016. Azcón pide a Lambán que no recurra pero el Ejecutivo autonómico no lo descarta

La sede de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar la ocupa actualmente la consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón (IASS). JAIME GALINDO

La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha estimado parcialmente el recurso presentado en 2016 por el Ayuntamiento de Zaragoza mediante el cual el consistorio exigía una compensación al Gobierno de Aragón por la utilización del edificio de los antiguos juzgados de la capital aragonesa, situados en la plaza del Pilar. Los magistrados han establecido que la DGA deberá pagar 4.202.155 euros por ocupar estas instalaciones que antaño eran municipales, si bien todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El origen de esta situación está en dos acuerdos plenarios, de 1956 y de 1986, por los que el Ayuntamiento de Zaragoza cedió al Estado los terrenos para la construcción de los juzgados.

Años más tarde, en 2007, cuando se produjo el traspaso de competencias en materia de Justicia al Gobierno de Aragón, el Estado cedió el edificio a la DGA, que años más tarde dejaron de utilizarse para el fin con el que habían sido concebidos.

En 2010 el edificio de los antiguos juzgados dejó de utilizarse para lo que había sido concebido y actualmente es en la sede de la consejería de Ciudadanía del Ejecutivo autonómico y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Por esta razón, el ayuntamiento, con ZeC a cargo del Gobierno municipal, inició hace seis años un litigio para reclamar una compensación por el uso indebido de un terreno que se cedió para un fin distinto al que tiene ahora mismo.

El consistorio pedía más

Ahora, el TSJA estima que sí, que el ayuntamiento tiene derecho a recibir una compensación de 4,2 millones de euros por el uso del edificio, pero no estima totalmente el recurso planteado por el consistorio, puesto que las pretensiones municipales iban mucho más allá. Desde la entidad municipal se valoraba una compensación económica de 19.326.678 ,25 euros.

El objetivo inicial del ayuntamiento era conseguir la reversión, es decir, la devolución o compensación de los edificios para los que cedió el suelo. Sobre esta cuestión, el TSJA considera que la primera cesión que se hizo, la de 1956, ya no puede revertirse puesto que han pasado más de 30 años.

Pero sobre la segunda cesión los magistrados consideran que el Ayuntamiento de Zaragoza sí que tiene derecho a una compensación económica, peor no material, puesto que no se puede desligar el terreno que se cedió del edificio que después se construyó. Así es como ha calculado la cuantía de 4,2 millones que la DGA deberá pagar. Eso si no recurre la sentencia del TSJA.

Sobre la decisión de la Justicia se ha manifestado este miércoles primero el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, quien ha afirmado que es «una buena noticia». «Esos juzgados eran del Ayuntamiento de Zaragoza, no eran del Gobierno de Aragón», ha dicho el líder popular.

Un acuerdo con la DGA

No obstante, el regidor ha puntualizado que «queda la posibilidad» de que la DGA interponga un recurso de casación ante el Tribunal Supremo «y paralice el pago».

Ante esta situación, tanto Azcón como el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, han ofrecido al Gobierno de Aragón un acuerdo para pactar los plazos y la forma de pago y zanjar el asunto, que desde el consistorio ya se trató de cerrar, sin éxito, en las reuniones bilaterales con la DGA.

El presidente Javier Lambán se han pronunciado simplemente para decir que conocía el contenido de la sentencia, pero después la DGA ha hecho saber que no descartaban la interposición de un recurso ante el Supremo. «Discrepamos de la valoración que se hace de la indemnización sustitutoria por no devolver el terreno. La indemnización impuesta incluye el valor de la edificación, que fue sufragada por el Gobierno de Aragón. Esto daría lugar a que el ayuntamiento cobrase el valor de un edificio que no construyó», han valorado en un comunicado a los medios. 

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