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El Periódico de Aragón

Instalaciones municipales

La gestión del camping de Zaragoza sale a concurso por 13,4 millones

La actual empresa lleva tres años con el contrato caducado y le reclama al ayuntamiento una compensación por las pérdidas

Instalaciones del camping de Zaragoza. ANGEL DE CASTRO

El Gobierno de Zaragoza ya ha aprobado los pliegos de condiciones del camping municipal, cuyo servicio presta una empresa a pérdidas desde que el 26 febrero de 2020 terminará su contrato, un mes antes de que la pandemia irrumpiera en nuestras vidas y le dejase en bancarrota.

El nuevo pliego, con una duración de 16 años y que se adjudicará antes de final de año, asciende a 13.494.526,83 euros, «el importe neto de la cifra de negocios, (sin IVA)», según las estimaciones que el informe económico-financiero calcula que generará la empresa contratista durante la ejecución del contrato como contraprestación por el servicio, explicaron desde el Gobierno municipales. El canon fijo será de 20.000 euros al año, al que se sumará otro variable anual del 3% sobre las ventas de cada ejercicio.

La adjudicación se hará este año, de manera que el actual propietario podrá poner fin a tres años de desavenencias con el ayuntamiento y pérdidas acumuladas. Ambas partes admiten que las relaciones no han sido buenas, de hecho, las diferencias económicas surgidas están pendientes de que las resuelva la Justicia.

La unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria reclamó por la vía del contencioso administrativo cerca de 130.000 euros por «tener que seguir prestando el servicio con el contrato caducado». La cantidad sale de restar a los 330.000 que costó el mantenimiento de las instalaciones los 220.000 euros de ingresos que tuvieron durante los meses pasados desde que caducó el contrato.

Un requerimiento que primero realizaron por los cauces oficiales y que acabó judicializado. Según explicaron, están a la espera de la resolución para decidir si hacen lo mismo con los años 2021 y 2022, con unas pérdidas inferiores a los 100.000 euros.

El contrato se firmó en 2020 y en el documento se detallaba que la explotación se llevaría a cabo «a riesgo y ventura», es decir, que la empresa adjudicataria correría con todos los gastos y se llevaría todos los beneficios después de pagar un canon anual al consistorio. Una vez caducó, desde la adjudicataria alegaron que esta cláusula quedaba inhabilitada.

Según un informe elaborado por el interventor municipal en febrero de 2022, «estamos ante una prórroga tácita no permitida por los pliegos ni por la legislación contractual, continuándose la prestación del servicio por razones de interés público pero sin orden expresa al efecto» por lo que, continua, «las pérdidas ocasionadas por la prestación del servicio durante la pandemia y fuera de la vigencia del contrato, bajo una orden de continuidad tácita e irregular, no pueden ser soportadas por el contratista».

En ese mismo informe, admite que, «de lo contrario, se estaría produciendo un enriquecimiento injusto de la Administración». Por ello, señalaba que se tendría que proceder a «compensar las pérdidas» que ha sufrido el contratista desde que finalizó el contrato, el 26 de febrero de 2020.

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