El Gobierno municipal al frente del Ayuntamiento de Zaragoza, de PP y Cs, va a presentar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana una serie de alegaciones al Real Decreto-Ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan bonificaciones en los títulos del transporte público regular de los ayuntamientos y comunidades autónomas para el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.
Concretamente, la concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, ha anunciado que solicitarán al Gobierno central el incremento de la dotación presupuestaria para garantizar la cobertura total de las bonificaciones, puesto que los 100 millones de euros anunciados por la Administración central no son suficientes para dar cumplimiento efectivo a la medida.
En segundo lugar, se solicita al Mitma que el procedimiento de pago sea una primera entrega a cuenta en septiembre, y una liquidación posterior durante el primer trimestre del 2023 en base a los gastos reales. Es decir, en base al importe real y efectivo de las bonificaciones concedidas a los ciudadanos.
“No queremos que sobre o falte dinero, lo que queremos es que el Gobierno asuma íntegramente el coste de esta bonificación para que no aumente el agujero económico que los ayuntamientos ya padecemos desde 2021 con motivo de la reducción de viajeros por la pandemia y los incrementos del coste de la electricidad y los combustibles”, explicó la consejera Chueca.
Tras una reunión con el ministerio mantenida esta semana, la consejera informó de que los criterios para el reparto de los 100 millones de euros del Gobierno central serán similares a los que se siguieron con el sistema de liquidación de ayudas en el año 2020. Es decir, un porcentaje sobre la facturación.
En estos momentos, el Mitma no ha comunicado todavía el porcentaje que le corresponderá a Zaragoza. “Esperamos que, como mínimo, nos asignen un 10%”, explicó la concejala. La tercera alegación a presentar es la extensión de la vigencia de la medida durante todo el año 2023 o hasta que desaparezcan las situaciones que están afectando tan gravemente a los servicios de transporte urbano.
Actualmente, el Real Decreto Ley 11/2022 prevé la aplicación de las bonificaciones entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, un período que desde el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Zaragoza se considera insuficiente. “La situación económica de inflación y altos precios de los carburantes y la energía no está previsto que mejore, sino que las autoridades económicas independientes españolas y europeas como Banco de España, Funcas, OCDE o el Banco Europeo apuntan a una disminución progresiva de las tasas de crecimiento previstas por el Gobierno de España, de ahí que reclamemos extender la medida durante todo el 2023 para que tenga un efecto estructural o hasta que desaparezcan las causas de esta situación”, valoró la consejera.
Mantenimiento del precio del billete
En el escrito enviado al ministerio se recuerda que los ayuntamientos no han recibido compensaciones económicas del Gobierno de España para hacer frente al déficit del transporte público derivado por la pandemia en 2021 y 2022. En Zaragoza, el déficit de tarifa se situó en 2021 en 12 millones de euros y, para el año 2022, se prevé una pérdida de los ingresos de tarifa de 9 millones de euros. Ante esta situación, tan gravosa para las arcas municipales, la consejera incidió en la necesidad de que el Gobierno central habilite fondos para compensar a los municipios por este déficit.
Así mismo, recordó que el Gobierno PP-Cs está realizando un fuerte esfuerzo por mantener el estándar de calidad del transporte público. “Pese a la notable bajada de viajeros, durante estos tres años no hemos reajustado las frecuencias, no hemos reducido las rutas y hemos mantenido el precio del billete y los abonos, al contrario de lo que venía siendo habitual con el PSOE en esta ciudad, que durante sus 12 años de gobierno aplicó incrementos muy superiores al IPC siempre por encima del 5% y llegando incluso algún año al 19%”, incidió Chueca.
Estas alegaciones se van a trasladar de forma inmediata para que sean incluidas en la redacción definitiva de la norma que el Gobierno de España dará a conocer el próximo 15 de julio y que desarrollará las bases de aplicación de esta bonificación para el transporte público.
