Que los conductores del autobús urbano de Zaragoza estén en huelga no suena a nuevo. Más bien, es una costumbre. Un modus operandi del comité que suele poner en jaque al servicio cada vez que se sienta a negociar con la empresa subidas salariales o mejoras sociales.
Da igual el color político de la casa consistorial, que la historia se repite una y otra vez. El transporte público acumula un buen número de huelgas que tuvieron su origen en 1919, cuando se produjo la primera en la compañía Tranvías de Zaragoza. Ese año, la plantilla luchó durante dos meses y medio por un incremento salarial y por una mejora en las condiciones de trabajo.
Del 4 de abril al 10 de mayo de 1934 se secundó una huelga general en Zaragoza que afectó de manera importante al transporte. Entonces se produjeron despidos y hasta algún que otro líder sindical acabó detenido y juzgado.
En 1976 interviene el Ejército
En 1976 el tranvía dejó de circular por las calles de la capital y el bus asumió su papel, cubriendo todos los trayectos. Ese año, 24 horas después del pregón de fiestas, la plantilla de la empresa de Transportes Urbanos de Zaragoza (TUZSA) se declaró en huelga tras rechazar un convenio colectivo que había aprobado ese mismo verano.
El impacto fue tal que unos 20 empleados del Parque Móvil de Ministerios se hicieron cargo del servicio. Hasta el Ejército tuvo que hacerlo visto el caos provocado por la falta de transporte. El acuerdo llegó el 30 de octubre, con un aumento lineal de 3.500 pesetas para toda la plantilla.
Diez años después, en 1986, el consistorio puso a dirigir los vehículos a la Policía y los Bomberos en una huelga que duró 62 días y fueron despedidos 150 trabajadores –se quedaron en 25-- y procesados. El conflicto terminó con una subida del 9,16% para 1986 y 9,3% para 1987.
ADO irrumpe en Zaragoza
En 2013, con Juan Alberto Belloch como alcalde, una multinacional mexicana se hizo con el poder de TUZSA, que pasó a llamarse AUZSA, tras una licitación que acabó con el despido de 153 empleados. Ese año, en octubre, se aplicó un laudo judicial que trataba de dirimir el conflicto laboral y que la empresa utilizó para rebajar el salario de los empleados en un 3,9%.
El consistorio tuvo que intervenir y en 2015 pagó la indemnización de los despidos. El 24 noviembre se llegó a un preacuerdo para la recolocación de los despedidos con el ERE y se suspendió la huelga.
Santisteve y la municipalización
Una paz social que duró más bien poco y en 2016 los conductores volvieron a la huelga para exigir que la plantilla recuperara el salario y la municipalización del servicio, una petición que Pedro Santisteve, a favor de lo público, dijo que era inviable. Los servicios mínimos decretado por el alcalde Santisteve, del 33%, generaron momentos de tensión en las paradas y se produjeron varios altercados.
Tras 123 días de paros parciales, el convenio recogió una subida salarial del 4% hasta 2019; una cláusula de revisión salarial para que en el caso de que el IPC sumara más del 4% entre 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.
En febrero de 2021 el comité volvió a la carga e inició una huelga que todavía sigue vigente y sin visos de resolverse. Esta vez, eso sí, con paros parciales e intermitentes durante 112 días.
