La huelga en el autobús urbano de Zaragoza navega sin rumbo dirigida por un comité dividido y una plantilla silenciada. Desde que se convocara la primera jornada de paros, el 20 de febrero de 2021, las secciones sindicales han logrado que la empresa Avanza acceda a una subida salarial que entre unas cosas y otras alcanzaría el 15%, siete puntos más de los que exigieron los conductores al principio del conflicto. Pero parece que no es suficiente porque, dicen, no garantiza su poder adquisitivo (su principal reivindicación y escollo en la negociación) y las negociaciones están en punto muerto. Rotas. Así que la plantilla corre el riesgo de ver cómo sus salarios se congelan.
Llegados a este punto, tras 18 meses encadenando convocatorias de paros con horarios liosos y cambiantes, se estudian otras medidas para tratar de reconducir una negociación viciada, enquistada y que no podrá retomarse en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), donde el resultado no ha sido el esperado.
Por resumir, desde febrero de 2021 se han producido 112 jornadas de paros con un total de 417 horas de afecciones al servicio, es decir, de esperas interminables en las paradas. Y desde que comenzaran las negociaciones por el convenio 2020-2023 se han celebrado 79 reuniones, 50 en la empresa y 29 en el SAMA.
El coste de la negociación
Esto tiene un coste, más de 250.000 euros, según estiman desde la dirección de Avanza, cuyo gerente, Guillermo Ríos, asegura que las conversaciones no pueden retomarse con los mismos representantes sindicales. «Es imposible llegar a acuerdos», dice. Una afirmación que confirman algunos miembros de las secciones sindicales presentes en las reuniones. Sattra, el sindicato mayoritario y que nunca ha firmado un convenio colectivo, y el CUT, han «dinamitado y ralentizado» el proceso, aseguran las mismas fuentes.
Una de las recomendaciones de los expertos en la resolución de conflictos laborales pasa por cambiar a los interlocutores cuando las negociaciones se estancan, como sucede en el conflicto del autobús urbano. Puede que esta sea la alternativa o que, finalmente, el Gobierno de PP-Cs opte por contratar a un mediador externo, como han propuesto en reiteradas ocasiones desde la oposición.
El alcalde, Jorge Azcón, explicó el pasado jueves que alterar la dinámica solo provocaría que el final del conflicto se retrasase. En ese momento las partes estaban sentadas en la mesa de negociación, 24 horas después rompieron las relaciones.
División interna
En estos 18 meses, el comité de empresa se vio obligado a someterse a elecciones. En febrero de 2022, la Justicia lo invalidó tras confirmar que las listas sindicales no eran válidas. Este revés provocó que el CUT perdiera la presidencia y que Sattra ganara las elecciones.
Sabido es que las relaciones entre las secciones sindicales del comité del bus no son precisamente buenas. De hecho, Sattra abandonó la reunión del jueves por discrepancias con otros sindicatos, como CCOO, CUT, UGT y CSIF que, según señalaron en su propia página web, «se pliegan a las amenazas de Avanza».
Según ha podido confirmar este periódico, CCOO, UGT y CSIF estarían a favor de firmar el convenio, con pequeños cambios en la última oferta de Avanza, esa que incluye una subida salarial por encima del 8% y una cláusula de revisión del 11,25% al cierre de convenio que, sumados todos los conceptos retributivos se elevaría hasta el 15,98%. Así, un conductor con 5 trienios de antigüedad que percibe un salario bruto anual de 35.852 euros actualmente, pasaría a cobrar 41.582 en 2024.
A la plantilla también se le está agotando la paciencia, por no hablar de los usuarios que esperan entre 10 y 15 minutos de más en las paradas bajo un sol abrasador. Pudo comprobarse en el último referéndum, el del 7 de julio, cuando acudió a votar el 47% de los 1.236 empleados. Cierto es que de los 557 que depositaron su papeleta, el 84% avaló la última convocatoria de paros, la más dura de todas y que se agravará con la vuelta al cole. Por cierto, CCOO, UGT y CSIF estaban en contra de mantenerlos durante julio y agosto, pero Sattra y el CUT, que suman mayoría, estaban a favor.
Una huelga liosa y cambiante
Esta huelga que se ha diseñado para causar una importante distorsión en el servicio, con paros a horas punta y cada día a una hora de diferente con tres tramos de 60 minutos, pero no para dañar el bolsillo de los trabajadores. Lo admitieron desde el propio comité de Sattra. Esto es clave porque es la única manera de que los conductores aguanten tantos meses en huelga.
Ahora bien, en Zaragoza no es nada raro que el autobús urbano esté en huelga. En 2016 tuvo lugar una de las más duras que se recuerdan y que dejó bien tocado el bolsillo de sus empleados. Por aquel entonces, los servicios mínimos decretados por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) rondaban el 33%, por lo que las esperas en las paradas llegaron a la hora, lo que provocó algún que otro altercado.
Esta vez, PP-Cs los han elevado para que las afecciones sean mínimas. No esta de más recordar que la huelga del bus, que coincidió con la del tranvía, se inició en plena pandemia.
En 2016, la empresa (bajo el nombre de Auzsa) y el comité (con CUT al frente) acordaron una subida de 4 puntos, ahora Avanza propone que sea de 15% si se suman todos los conceptos retributivos. «Va más allá de lo razonable», asegura Ríos, que insisten en que ofrecer algo mejor pondría en riesgo la viabilidad del servicio.
La propuesta expira este domingo y lo hará sin que la plantilla haya podido opinar si está conforme con una subida salarial en cuatro años de 5.730 euros brutos al año, 478 euros mensuales. La dirección lo ha solicitado en reiteradas ocasiones, pero el comité se ha negado.
En los mentideros se dice que las secciones sindicales están negociando pensando en el fin de la contrato, el próximo año, cuando el ayuntamiento licitará de nuevo el servicio, así que las condiciones sociales y económicas que resulten de la negociación del convenio se recogerán en los pliegos.
Todo este conflicto coincide con una caída de viajeros que está dejando unas pérdidas millonarias. De hasta 10 millones este año, a los que se suman los 12 del pasado y los 24 de 2019, sufragados con ayudas del Estado.
