Llevan más de 30 años al frente de sus puestos de coloniales en Mercazaragoza, pero el lunes ya no volverán a subir la persiana como venían haciendo. Un frío burofax les ha comunicado que tienen que salir de allí y les recuerda que no ganaron el concurso de adjudicaciones, que quien sí lo hizo, una empresa navarra, va a asumir todo el negocio. Diez familias que se quedan en la calle, pese a haber pedido seguir con la actividad mientras los tribunales deciden si fue legal o no la licitación 51 lotes de puntos de pescado, de frutas y verduras aprobada el pasado mes de junio.
Los propietarios de estos puestos, que sirven de frutos secos, olivas, bebidas o bolsas, principalmente a las fruterías de la capital aragonesa, recurrieron la adjudicación a Congelados Ariza ante el Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (TACPA). Entendían que se ha incurrido en monopolio puesto que el mismo propietario va a estar al frente del 100% de un negocio muy específico. Un asunto que fue analizado el pasado mes de agosto por este tribunal y que concluyó que la competencia recaía en la vía de lo Contencioso Administrativo.
Y a esta acudieron las diez familias que viven de estos puestos, mientras pidieron unas medidas cautelarísimas para no cerrar mientras se resuelve el recurso. Pero la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza no lo vio procedente, después de que Mercazaragoza alegara unos perjuicios económicos de 200.000 euros si se aceptaba la solicitud.
No lo veían así los demandantes, quienes señalaron «que no se perjudica el interés público con la medida cautelar interesada ni tampoco con ella se perjudica a terceros, ya que la sociedad adjudicataria de todos los puestos mencionados tiene actualmente un puesto de venta activo en Mercazaragoza, y además doble, por lo que no se le genera perjuicio alguno». «Sin embargo, de no adoptarse la medida solicitada se causará un daño irreparable a los recurrentes, ya que estos no cuentan con otro puesto en el que mantener su actividad», añadieron.
Una discusión que la jueza zanjó desestimando la medida cautelar al entender que «uno de los principios básicos del derecho administrativo es la presunción de validez y ejecutividad del acto administrativo».
Una decisión que sentó como un jarro de agua entre los trabajadores de estos puestos, tal y como reconoce a este diario uno de ellos, Emilio Gómez. «¿Y ahora qué hacemos? ¿Tiramos a la basura los 100.000 euros en alimentación que tenemos? ¿Qué hacemos con la inversión en máquinas? ¿Y los empleados? ¿Todos a la calle». Unas preguntas que se hace Gómez y que demuestran la inquietud en la que viven todos ellos.
De hecho, ante el temor de que no les dejen sacar la mercancía, ayer acudieron a desalojar los puestos. «Los dejamos vacíos, pero hemos recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, esto no se hace así, aún no hay pronunciamiento judicial sobre la legalidad del concurso», añade.
Los dueños de estos puestos coloniales señalaron en su demanda que «a pesar de que la dirección de Mercazaragoza había casi garantizado a los recurrentes que iban a conservar los puestos en los que desarrollaban su actividad desde hacía muchos años, ha venido a resultar que los seis puestos han sido adjudicados a la misma sociedad de modo y manera que el mercado mayorista de Zaragoza ya no es que se haya restringido la competencia, es que sencillamente ha desaparecido». «Que han existido otras irregularidades en la adjudicación de todos los lotes a Congelados Ariza, tales como la admisión de una memoria común para todos los puestos a los que concurría la que ha resultado adjudicataria, ello en contra de lo dispuesto en las bases del pliego».
