El Ayuntamiento de Zaragoza, finalmente, ha decidido que compensará a los usuarios que compraran sus abonos de 365 días para el transporte público de la ciudad antes del 1 de septiembre, cuando entró en vigor la bonificación del 30% ordenada por el Gobierno de España.

Pese a que en un principio no se habían planteado soluciones para estas personas, el consistorio ha decidido que se prorrogará la vigencia de esos abonos comprados antes de septiembre el tiempo equivalente a lo que supondría una rebaja del 30% en su precio. Eso sí, será siempre que se solicite.

Para pedir esta prolongación del plazo de vigencia de estos abonos, los usuarios tendrán que dirigirse a las oficinas que Avanza tiene en el centro comercial del Caracol, en el paseo Independencia de Zaragoza. También se podrá solicitar a través de correo electrónico. No obstante, el que no lo pida, no se beneficiará de la medida.

Esta compensación surge ahora tras las quejas planteadas por algunos partidos políticos, como Podemos, que lamentaban que las personas que hubieran comprado sus abonos para un año antes del 1 de septiembre, cuando entró en vigor la bonificación del Gobierno de España, no se beneficiaran de la medida.

Por tanto, explican ahora desde el consistorio, los abonos de 365 días comprados antes de esa fecha tendrán «una compensación temporal», que es lo que permite el real decreto del Gobierno central. Y se prolongará la parte correspondiente a cuatro meses en precio.

La venta de abonos se dispara

Así lo explicó este miércoles la concejala de Movilidad, Natalia Chueca, ante las preguntas del portavoz de Podemos, Fernando Rivarés. La responsable del área también detalló la buena acogida que ha tenido la medida anunciada el pasado verano por el Gobierno de España.

Solo durante la primera semana tras la entrada en vigor de la bonificación, la venta de abonos de 30 días ha aumentado un 177%; la adquisición de abonos de 90 días ha crecido un 227%; y los de 395 han subido un 715%, lo que supone que se ha multiplicado por ocho veces.

No obstante, la concejala Chueca reprochó al Gobierno de España que, aun estando de acuerdo con la medida, «al final el ayuntamiento la vaya a tener que pagar a pachas».

Según denunció, el dinero asignado para pagar esas bonificaciones es insuficiente, por lo que el consistorio tendrá que acabar poniendo parte del dinero. Desde la oposición le pidieron que esperara a que terminara el año para lamentarse, puesto que el aumento de la venta de abonos puede suponer también un aumento de los ingresos que paliará en parte del agujero generado en el transporte por la caída de usuarios.