El Gobierno de Aragón ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo por la sentencia del TSJA que falló el pasado mes de mayo que el Ejecutivo autonómico debía pagar al Ayuntamiento de Zaragoza 4,2 millones de euros por el uso de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.
El anuncio de la interposición de este recurso, sorprendentemente, lo hizo este viernes el propio ayuntamiento y no la DGA. Fue la portavoz del Gobierno municipal, María Navarro, quien es también la responsable de Hacienda del equipo de PP y Cs la que informó del asunto y la apertura de esta nueva vía judicial llega en plena batalla por la deuda del tranvía, después de que el Supremo, hace una semana, sentenciara ya sin posibilidad de apelar, que el Ejecutivo aragonés debía pagar más de 24 millones de euros a la capital en concepto de la deuda por la construcción de la línea 1.
Ante este nuevo recurso, Navarro le pidió este viernes al Gobierno de Aragón que lo retire y que se «sienten a negociar» para evitar más litigios entre ambas administraciones, pero parece que la espiral en la que han entrado ambos, tanto Lambán como Azcón, está lejos de llegar a un fin.
El origen del litigio por los juzgados
Por partes. El pasado mes de mayo se conoció la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJA) que obligaba al Gobierno de Aragón a pagar al Ayuntamiento de Zaragoza 4.202.155 euros por el uso del edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar.
El origen de este litigio está en dos acuerdos plenarios municipales, de 1956 y de 1986, por los que el Ayuntamiento de Zaragoza cedió al Estado los terrenos para la construcción de los juzgados.
Años más tarde, en 2007, cuando se produjo el traspaso de competencias en materia de Justicia al Gobierno de Aragón, el Estado cedió el edificio a la DGA, que años más tarde, en 2010, dejó de utilizarse para el fin con el que habían sido concebidos, es decir, como juzgados.
En la actualidad en este edificio el Gobierno de Aragón tiene la sede de la consejería de Ciudadanía y del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y por esta razón, el ayuntamiento, con ZeC a cargo del Gobierno municipal, inició hace seis años un litigio para reclamar una compensación por el uso indebido de un terreno que se cedió para un fin distinto al que tiene ahora mismo.
Entonces, en mayo, el TSJA sentenció que sí, que el consistorio tiene derecho a recibir una compensación de 4,2 millones de euros por el uso del edificio, pero no estimó totalmente el recurso planteado por el ayuntamiento, puesto que las pretensiones municipales iban mucho más allá. Desde la entidad local se valoraba una compensación económica de 19.326.678 ,25 euros, que finalmente el TSJA rebajó hasta los 4,2 millones.
Pero ante este fallo se podía interponer un recurso de casación ante el Supremo y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón. Por parte del ayuntamiento, informaron este viernes fuentes municipales, tuvieron constancia de ello a través de un aviso colgado en una plataforma digital. Desde el Ejecutivo de Lambán argumentaron contra la sentencia del TSJA afirmando que «no esta de acuerdo con que la única alternativa que tenga sea la indemnización sustitutoria a la ejecución de la sentencia, lo que descarta la posibilidad de explorar otras opciones que puedan satisfacer a las dos partes». Además, la DGA «tampoco comparte que la indemnización impuesta incluya el valor de la edificación, que fue sufragada por el Gobierno de Aragón».
Un duelo por carta
No obstante, el contexto en el que se presenta este recurso apunta hacia una segunda lectura que va más allá, puesto que ambas administraciones se han distanciado aún más desde que el Supremo, el mismo tribunal al que ahora recurre de nuevo la DGA, fallara que el Ejecutivo autonómico debe pagar más de 25 millones de euros al consistorio por la deuda del tranvía, cerrando así un litigio que, por cierto, también inició ZeC.
Desde que se hizo público ese fallo del Supremo, Azcón y Lambán se han enfrascado en una batalla política vía postal en la que cada administración le ha recriminado a la otra los incumplimientos de los acuerdos firmados. Así, el ayuntamiento le pidió al Ejecutivo autonómico sentarse a negociar para acordar el pago de esos 25 millones antes de que la sentencia se ejecute forzosamente. La DGA respondió que sí, que pagaría, pero que el consistorio debía desatascar antes del 18 de octubre algunos asuntos pendientes, como la modificación del plan general de Torre Ramona, en Las Fuentes, o la aprobación del plan especial para la calle Embarcadero, en Casablanca.
Después de decretar aquel ultimátum por carta, el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, dijo que esperaba que el consistorio cumpliera o, si no, la DGA tendría que recurrir a los tribunales. Parece que, finalmente, les ha entrado la prisa, si bien fuentes del Ejecutivo aseguran que la decisión de interponer este nuevo recurso ya se había anunciado.
