El Periódico de Aragón

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Instalaciones municipales

El desalojo del Buñuel se retrasa ‘sine die’ pese al ultimátum de Azcón

El pasado mes de marzo el alcalde les dio seis meses para abandonar el centro | El colectivo ha recurrido el acuerdo de Gobierno que dejaba sin efecto el convenio

Concentración vecinal a favor del centro social comunitario Luis Buñuel. | ANDREEA VORNICU

El pasado 26 de septiembre finalizaba el plazo de seis meses que le dio el Ayuntamiento de Zaragoza a la Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel para abandonar las instalaciones del antiguo instituto. Un ultimátum del Gobierno de Jorge Azcón que se desinfló hace unas semanas cuando el colectivo decidió impugnar el acuerdo del 9 de marzo por el que el alcalde y su equipo «resolvía y dejaba sin efecto alguno» el convenio de cesión firmado en 2018.

Según explica el representante legal del colectivo, Javier Checa, el juzgado de lo contencioso ha admitido a trámite la impugnación de la resolución del contrato que hizo el ayuntamiento el pasado mes de marzo. Ahora tienen 20 días para presentar la demanda y el consistorio tendrá otros tantos para responder. Entonces, el juez deberá decidir si la rescisión del convenio que hicieron PP y Cs fue legal.

Así que hasta que no haya una decisión judicial, Azcón no podrá obligar a la asociación a abandonar las instalaciones y convertirlas en un centro cívico, como ha prometido en reiteradas ocasiones.

Desde el colectivo insisten en el papel que desempeñan en el barrio, con actividades para todas las edades, y mantienen su interés en alcanzar un nuevo acuerdo con el Gobierno de PP-Cs.

Polémica tras polémica

La historia del Luis Buñuel se remonta a febrero de 2018, cuando el anterior alcalde Pedro Santisteve declaró «el interés general del proyecto de gestión comunitaria» del antiguo instituto y aprobó un convenio para que el colectivo pudiera utilizar las instalaciones.

Una decisión polémica por la vinculación de Santisteve y su concejala de Participación, Elena Giner, con la asociación, pues ambos participaron en la fundación del colectivo Dale Vida al Luis Buñuel, que más tarde se convirtió la asociación afectada.

La Justicia entra en juego

En noviembre de 2019, y tras un recurso presentado por la Plataforma Social y Cultural Escuela y Despensa, los tribunales consideraron nulos tanto el acuerdo de Gobierno de marzo de 2018 como el posterior convenio de colaboración. Decisión que ratificó el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en septiembre de 2021 y que está pendiente del Supremo, dado que el colectivo presentó un recurso de casación.

En paralelo, el ayuntamiento acordó denunciar el convenio de cesión y dejarlo sin efecto. Justificó su decisión alegando que el uso de los espacios acordados «excedía» el contemplado en el convenio, limitados a la primera planta y el patio del edificio principal, mientras que el colectivo también utilizaba la primera y segunda planta.

Además, según constaba en el expediente del área de Infraestructuras y Vivienda, la asociación no disponía de un seguro de responsabilidad civil ni había presentado cada 31 de enero la memoria anual de actividades realizadas que se comprometió a elaborar. Tampoco había facilitado a los técnicos municipales llevar a cabo las inspecciones que estimaron «oportunas», como la que intentaron realizar el 26 de octubre de 2020 sin éxito.

Así pues, y siendo que el convenio con la Asociación Luis Buñuel, finalizaba el 26 de marzo, Jorge Azcón y su equipo decidieron dar por finalizado el convenio y acordaron desalojar el centro antes del 26 de septiembre. Pero la Justicia ha impedido cumplir su amenaza y Azcón tendrá que esperar a la decisión del juez, que podría dirimirse en el tiempo, de manera que podría acabar la legislatura con el Luis Buñuel ocupado.

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