Al Real Zaragoza no le salen las cuentas. El club ha manifestado en más de una ocasión que está dispuesto a hacerse cargo de la construcción de la nueva Romareda, pero siempre que el proyecto sea viable económicamente y, tal y como lo ha planteado el ayuntamiento, no tiene garantizada su rentabilidad. Por ello, desde la dirección han presentado una alegación al plan Romareda de Azcón para que se opte por la fórmula del derecho de superficie, en lugar de la cesión del campo. Esto permitiría ampliar el tiempo de enajenación del estadio, de 50 años hasta un máximo de 75, un tiempo extra con el que explotar las instalaciones y amortizar la inversión.
A través de un comunicado, el club explica que ha presentado una alegación a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada inicialmente el pasado mes de noviembre con el «fin primordial» de mejorar la viabilidad económica de esta operación y garantizar la inversión de un proyecto de este calado.
Cuestiones jurídicas
Según explica el club, la cesión del suelo tiene «difícil encaje jurídico» con los bienes privativos que la modificación contempla para los usos terciarios (hotel, restaurantes, o comercios), ya que no podrían estar efectos al servicio público ni al uso general.
Mientras que el campo de fútbol sí podría ser de dominio público, estos suelos no pueden «estar efectos al servicio público ni al uso general», por lo que deberían regularse mediante un contrato de concesión de obras, con un plazo máximo de 40 años, explica en su alegación del club.
Más tiempo
Más allá de las consideraciones jurídicas, el Real Zaragoza lo que pide es ampliar los años de gestión y explotación para amortizar su inversión inicial, que Azcón llegó a cifrar en 150 millones de euros para un estadio con 50.000 asientos. Este sería el punto de partida para un campo de cuatro estrellas, el que necesita la ciudad para poder ser una de las sedes del Mundial de 2030.
El club explica que tendrá que recurrir a la financiación externa a través de fondos de inversión para financiar la construcción de la nueva Romareda e, insiste, «ni los plazos de la concesión de dominio público ni los del contrato de concesión de obras garantizan la rentabilidad que exige esta vía».
Según un informe elaborado por Idom, si el Zaragoza explotara durante 40 años el campo, la rentabilidad oscilaría entre el 1 y el 2%, mientras que si lo hiciera durante 50 años sería del 2,65%. En ambos caso sería insuficiente. Como mínimo, señalan, el beneficio tendría que ser el 5%, algo que solo se conseguirá si se amplía el periodo de amortización.
Solo hay una fórmula para superar los 50 años y es a través de derecho de superficie, sin perjuicio de que el consistorio controle el desarrollo del proyecto y pueda hacer uso de las instalaciones.
Durante la negociación del PGOU, Serrano se comprometió con Podemos a que el estadio seguiría siendo de titularidad pública y que ninguna otra propiedad podría registrar a su nombre las instalaciones. Es lo que sucedería con el derecho de superficie, aunque el campo revertiría a favor del consistorio pasado el periodo de cesión.
Desde el área de Urbanismo se limitaron a decir que con su alegación, el Real Zaragoza vuelve a mostrar su «interés» por construir el campo y los técnicos determinarán ahora si se acepta. En caso de ser así, el Gobierno de PP-Cs necesitaría la mayoría plenaria para incluir en la modificación del PGOU la fórmula de cesión, algo que no aparece actualmente. El propio Serrano ha señalado en más de una ocasión que este paso es posteriori a la modificación del planeamiento.
