Los vecinos de la calle Pignatelli de Zaragoza han amanecido estos días con una «agradable sorpresa», puesto que se han encontrado que unos operarios han comenzado a trabajar para tapiar el edificio del número 43 de esta calle, que era «uno de los más conflictivos junto con el que se quemó», el del número 67. «Estaba okupado y aún quedaban cuatro o cinco pisos con gente. En uno había un prostíbulo y en otro vendían drogas», asegura un vecino, miembro de la asociación de vecinos de la Plataforma de Afectados del Gancho y Pignatelli.
El tapiado se está realizando piso por piso, si bien todavía queda gente dentro, por lo que, según han podido saber los vecinos, hasta finales de este mes no se quedará vacío completamente. Se sellarán todas las ventanas y puertas para evitar que pueda ser okupado de nuevo.
Este edificio de la calle Pignatelli 43 es una de las 14 fincas que el Ayuntamiento de Zaragoza expropió el pasado mes de septiembre, si bien el embargo no se hará efectivo hasta dentro de pocas semanas.
El problema se mueve, no desaparece
«Desde el pasado mes de octubre han ido expulsando a la gente poco a poco. Las puertas blindadas no sirven para nada, así que nos alegramos de que hayan decidido tapiarlo. El problema es que ahora todo el mundo que está siendo desalojado está yendo a Zamoray 2, y se está convirtiendo en un nuevo foco de problemas», aseguran desde la plataforma de vecinos.
«En Zamoray 2 ha habido hasta peleas con katanas, así que el problema no se ha solucionado, se ha movido. Pero es verdad que los vecinos de Pignatelli vamos a poder dormir más tranquilos», afirman desde la plataforma que, por otro lado, critica el retraso de algunas de las actuaciones contempladas ya el año pasado en el plan especial para Zamoray Pignatelli, como la renovación de las luminarias o la reforma de la calle Agustina de Aragón.
Y mientras tapian el edificio de Pignatelli 43, Cristina Rincón, vecina del número 48 de esa misma calle, sigue esperando una solución después de que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, se comprometiera públicamente a buscar una alternativa para ella.
A Rincón, el ayuntamiento le notificó que iban a expropiarle su piso, que es de su propiedad y en el que lleva viviendo décadas, a cambio de 18.726 euros, una cantidad que no le permitiría comprarse otra casa. Al darse a conocer su caso, publicado en este diario, Serrano afirmó el 28 de octubre que buscarían una solución más justa para Rincón, que presentó alegaciones a su expropiación. No obstante, desde entonces su abogada ha mantenido tres reuniones ya con Urbanismo sin que se le haya ofrecido ninguna alternativa a esos 18.726 euros.
