El reparto de los fondos europeos para la construcción y rehabilitación de vivienda ha generado un nuevo desencuentro entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. La consejería de Vivienda ha enviado este martes un requerimiento a la casa consistorial instándole a «subsanar» y «corregir» todos los errores detectados en la memoria municipal y a entregar la documentación pendiente en el plazo de diez días (hábiles). En caso de no cumplirlo, advierten, entenderán que el consistorio «desiste» de la solicitud para recibir ayudas europeas.
En el documento aparecen las distintas peticiones formuladas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través de la DGA, desde que el pasado 4 y 6 de julio el ayuntamiento enviara las memorias correspondientes al proyecto de construcción de viviendas asequibles y rehabilitación, para los que prevé recibir 15 y 6 millones, respectivamente.
En concreto, desde el Mitma consideran que no queda claro el número de viviendas que quiere construir el ayuntamiento. «Hablan de 437, de 492 y de 486» en tres informes distintos, ha matizado el consejero de Vivienda, José Luis Soro, aunque desde el consistorio siempre hablan de 486. Tampoco se clarifica por cuántos años se hará la cesión del derecho de superficie, pues se indica «entre 50 y 75 años».
Asimismo, según el requerimiento enviado desde la DGA, se insta al ayuntamiento a que concrete si las viviendas se calificarán como protegidas o de alquiler. Además, le solicita que complete la documentación exigida, ya que faltan hasta ocho «declaraciones responsables» que debe aportar el Gobierno de PP-Cs, como que se encuentra al corrientes de las obligaciones tributarias, que está en disposición de ejecutar en tiempo y forma las viviendas o que hay ausencia de conflicto de interés, entre otros.
Sin noticias en la casa consistorial
Desde el Gobierno de PP-Cs siguen a la espera de conocer el contenido de este documento que, han criticado, han conocido a través de los medios de comunicación. Según han explicado, la información que ahora se exige es «nueva» y no se había planteado hasta ahora. De hecho, los técnicos no se reúnen desde el pasado mes de octubre.
El requerimiento se ha enviado de la rueda de prensa de la concejala de Vivienda, Carolina Andreu, junto al de Urbanismo, Víctor Serrano, en la que han vuelto a urgir al Gobierno de Javier Lambán la firma del convenio para no poner en riesgo los 22 millones que pueden recibir de Europa.
Los desencuentros entre ambas administraciones son ya demasiado frecuentes y cualquier asunto que les obliga a colaborar y entenderse se convierte en una pelea política. Para entender esta dinámica solo hay que mirar al calendario, al 28 de mayo, día de las elecciones municipales y autonómicas.
Las relaciones entre el ayuntamiento y la consejería de Vivienda parecían cordiales hasta que el pasado 18 de enero Carolina Andreu le envió una carta a José Luis Soro instándole a firmar el convenio antes del 31 de enero. De no hacerlo, decía, se podían perder las ayudas europeas. Esa semana, el consejero ya aclaró que no había peligro, pero en la casa consistorial el tiempo apremia ya que hay que cumplir unos plazos de edificación para no perder la subvención.
Cuestión de capacidad
El alcalde, Jorge Azcón, volvió a incidir en el asunto la semana pasada durante la sesión plenaria y este martes Andreu ha vuelto a insistir en que el retraso de la firma «son meses perdidos que nos dificultan todavía más poder cumplir con los plazos muy ajustados de los fondos Next Generation».
Ha recordado que los proyectos de construcción de las viviendas en los barrios tienen que licitarse y ejecutarse y que deben estar finalizadas antes del 30 junio de 2026. «Es imprescindible que el Gobierno aragonés fije fecha para la firma de los convenios y no se pierdan 22 millones de fondos europeos y decenas de miles de euros de inversión en la ciudad de Zaragoza», ha subrayado.
Solo cumplen once ayuntamientos
Según los concejales, esta situación evidencia «falta de capacidad» del Gobierno aragonés. Unas palabras que no sentaron nada bien en el Pignatelli, a la espera de que el ayuntamiento subsane los errores detectados en sus memorias. Según ha explicado el consejero, para el programa de rehabilitación recibieron propuestas de 16 ayuntamientos y para el de construcción de viviendas 43. De estas últimas, solo once han presentado la documentación completa: Ansó, Aínsa, Barbastro, Calatayud, Escatrón, Fago, Fayón, Fiscal, Gea de Albarracín, Gudar y Zuera. No es el caso del Ayuntamiento de Zaragoza.
Para el consejero, la comparecencia de Andreu y Serrano, además de estar «llena de inexactitudes», tenía un fin muy claro, que era «intentar tensionar» y «embarrar» la firma del convenio «recurriendo a lo peor que se puede hacer en política, que es no decir la verdad».
