La operación Romareda se enfrenta esta semana a un nuevo escollo. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, informará mañana al resto de los ediles del Ayuntamiento de Zaragoza de las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón y por el Real Zaragoza en relación a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se aprobó, de forma inicial, el pasado mes de noviembre. Según él mismo ha declarado y el alcalde, Jorge Azcón, ha corroborado en público, las reclamaciones de la DGA no serán tenidas en cuenta, mientras que el texto original sí que sufrirá cambios tras las peticiones formuladas por el club. El debate posterior entre los grupos se producirá además en medio de una guerra de informes técnicos y académicos que los partidos han presentado en la última semana y que se contradicen los unos a los otros.
La semana pasada, el concejal de Urbanismo desveló un informe de dos académicos de la Universidad de Zaragoza que apuntaban a la conveniencia de que el club explote el estadio durante 75 años para poder rentabilizar la inversión. Solo un día después, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, presentó otro documento, elaborado esta vez por dos catedráticos –uno de la Universidad de Sevilla y otro de la Universidad de Extremadura–, que concluía que con 40 años de gestión por parte de la sociedad anónima sería suficiente.
Pero aquello no quedó ahí, puesto que después han salido a la luz más informes, redactados por técnicos municipales, que son contradictorios y que seguro aparecerán en el debate de mañana en la comisión de Urbanismo.
El primero de ellos está fechado el 16 de diciembre. Lo firma el arquitecto municipal Ricardo Usón y en el documento se pone en duda que la ubicación de la actual Romareda sea el lugar idóneo para levantar el nuevo campo, puesto que no habría, según la documentación en la que se basa Usón, espacio suficiente en torno al edificio para poder desalojar a los más de 40.000 espectadores que tendrá el estadio.
Usón se refiere a los anillos de seguridad que la FIFA pide habilitar en torno a los estadios en los partidos internacionales y también al Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos (Rgpear), que establecía que hay que dejar libre en torno a los equipamientos deportivos un espacio con los metros suficientes como para poder desalojar el campo en condiciones de seguridad. Y según los cálculos del propio Usón, alrededor de La Romareda no habría el espacio suficiente como para cumplir con ambas normativas.
"Recomendaciones" FIFA
Sin embargo, hay otros dos expedientes de los técnicos municipales que contradicen a Usón. En uno de ellos, el coordinador general y gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía, asegura que «el informe emitido» por Usón «adolece el vicio de desconocimiento más que absoluto de la normativa vigente aplicable».
Y es que, según queda explicitado en este segundo expediente, el artículo 26 del Rgpear en el que se establecía el número de metros cuadrados que debe haber alrededor de un equipamiento deportivo para permitir su desalojo está derogado «expresamente» por un decreto del Gobierno de Aragón del año 2011, por lo que no es de aplicación.
Según la normativa en vigor a este respecto, reza este informe, «haciendo un simple cálculo resulta que si los espectadores son unos 42.500, se necesitan 21.250 metros cuadrados de superficie en torno al estadio, existiendo unos 54.000 metros cuadrados», por lo que la ubicación actual de La Romareda cumple con la legislación en materia de seguridad y evacuación de edificios.
Asimismo, este expediente también hace referencia a las normas FIFA sobre los anillos de seguridad que han de crearse alrededor de los estadios cuando se jueguen partidos de competiciones internacionales. Primeramente, el informe señala que la FIFA «realiza una serie de recomendaciones que no poseen carácter de norma obligatoria puesto que, de cumplirse, estadios como «San Mamés, Cornellá, el Santiago Bernabéu y Riazor» tampoco cumplirían con las exigencias del organismo que regula el fútbol a nivel mundial. En el expediente se cita el informe de Idom, elaborado ya el pasado verano, y que también avalaba la actual ubicación del campo.
La izquierda alerta de la "privatización"
«Debe entenderse como válido lo informado por Idom, como especialista en la redacción de proyectos de estadios de fútbol, conocedora de los requerimientos de la RFEF, de la UEFA y de la FIFA, en el sentido de que pueden ser cumplidos los requerimientos de estos organismos en el emplazamiento de La Romareda», zanja el informe que desmiente al de Usón.
Con todo, el debate de mañana entre los grupos no será vinculante, puesto que no deberán votar sobre las alegaciones presentadas. Sí que se conocerá cómo queda finalmente la modificación del PGOU que permitirá ampliar la parcela del estadio y que el Zaragoza pueda explotar el estadio durante 75 años, tal y como pide el club. Después, el documento volverá a someterse a información pública, por lo que podrá recibir nuevas alegaciones. Posteriormente, en el plazo de un mes aproximadamente, podría llegar la votación definitiva, en la que los partidos de la izquierda cada vez están más lejos del sí dado que consideran que aceptar la petición de la sociedad anónima supondrá «privatizar» el estadio.
