El Senado pregunta a Zaragoza y a la DGA por los vestigios franquistas en El Pilar

El Senado de España ha requerido información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza para «la retirada de determinados símbolos que estarían incumpliendo la ley de Memoria Democrática». Se refiere la solicitud, firmada por el senador de Compromís Carles Mulet, a las dos bombas expuestas dentro de la basílica de El Pilar, que se usaron por el franquismo como un elemento propagandístico de primer orden; a una inscripción en latín situada en el coro del templo que alaba la victoria del bando nacional; a la señal que indica el punto donde cayó una bomba el 3 de agosto de 1936 en la plaza del Pilar; y a la cruz y la frase, también de tintes franquistas, que hay en el centro de la plaza Santa Cruz de la capital aragonesa.

El requerimiento no pide expresamente la retirada de estos elementos, puesto que el Senado no tienen potestad para «pedir cumplir con la ley», explica Mulet. Tampoco pueden los senadores dirigir preguntas desde la Cámara Alta a ninguna otra administración que no sea el Gobierno central, por lo que Mulet se ha servido de una fórmula con la que «poner el foco» en cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las leyes de Memoria Democrática.

Esa fórmula, de la que sí pueden servirse los senadores, es requerir a las diferentes instituciones, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, la información sobre los acuerdos adoptados sobre distintos asuntos y en este caso, sobre la retirada de los vestigios franquistas que se han citado anteriormente.

Dos bombas, una inscripción franquista en latín y un general golpista: la memoria de El Pilar, a examen

«No podemos obligar a nadie a cumplir la ley, pero lo que hacemos es obligarles a dar explicaciones», explica Mulet, que gracias a esta estrategia ha conseguido que se cambien en toda España más de 3.500 nombres de calles que incumplían las leyes de Memoria Democrática.

Los requerimientos que hacen los senadores deben ser aprobados por la mesa de la cámara mediante un acuerdo de sus integrantes, algo que en este caso se dio el pasado 31 de enero. En total, ahora, a petición de Mulet, se hacen cuatro solicitudes de información: dos al Gobierno de Aragón (una sobre los elementos que hay dentro de la basílica y la otra sobre los dos que hay fuera del templo); y otras dos al Ayuntamiento de Zaragoza.

La DGA "sigue estudiando"

Ambas instituciones van a tener que responder obligatoriamente y tendrán que entregar «las actas de los acuerdos de los órganos de Gobierno (de las dos administraciones) en los que se acuerda la retirada de determinados símbolos que estarían incumpliendo la ley de Memoria Democrática». En caso de no existir esos acuerdos, Mulet lo que busca es dejar en evidencia que no se ha hecho «nada» para corregir la situación. «Hay veces que algunos ayuntamientos nos han respondido con un acuerdo plenario posterior a nuestro requerimiento en el que cambiaban el nombre de calles por las que preguntábamos», afirma el senador de Compromís. «Otras veces ni nos responden, y entonces les enviamos otro requerimiento desde el Senado. Lo que queremos es que después, las administraciones competentes no puedan decir que no se les había avisado al respecto», añade.

 Los dos vestigios franquistas que hay dentro de la basílica que ahora menciona Mulet –las dos bombas y la inscripción en latín–, ya han sido señalados anteriormente por ciudadanos, historiadores y expertos por contravenir las leyes de Memoria Democrática, tal y como publicó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el pasado mes de diciembre.

En su exposición de motivos, el senador hace referencia a la ley estatal de Memoria Democrática, pero también a la aragonesa, aprobada en 2018. En el artículo 32 de la norma se establece que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público –como sería el caso de El Pilar, propiedad del Arzobispado–, el Gobierno de Aragón tomará las medidas oportunas [...] para hacer efectiva la retirada de los mismos».

Así, preguntados por esta cuestión, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón afirman que no han recibido todavía «requerimiento alguno por parte de la Cámara Alta para entregar las actas de lo que se haya podido tratar sobre las bombas del Pilar». No obstante, reconocen haber recibido solicitudes por parte de un ciudadano para la retirada de las bombas y de la inscripción en latín, así como de la marca en la plaza del Pilar y la placa en la plaza de la Santa Cruz. Todas estas peticiones se siguen «estudiando», afirman desde la DGA, a pesar de que se formularon hace ya unos meses, en octubre del año pasado.