El Ayuntamiento de Zaragoza reactiva el plan Embarcadero con otro órdago a la DGA

El Ayuntamiento de Zaragoza ha reactivado el plan especial de la calle Embarcadero, donde el Gobierno de Aragón quiere construir 111 viviendas libres en una explanada que lleva años utilizándose como aparcamiento. El equipo de PP-Cs ha decidido retomar el proceso dos semanas después de que Javier Lambán decidiese forzar su ejecución a través de los tribunales, pese a que había un acuerdo verbal entre ambas instituciones para trasladar las viviendas a distintos solares de la ciudad sin perjudicar a los vecinos del barrio, contrarios a que desaparezcan las más de 450 plazas de aparcamiento. 

El consistorio ha enviado un requerimiento a la DGA para que informe sobre las alegaciones que recibió en su día el proyecto, es decir, si acepta o rechaza la petición generalizada del barrio: que se respeten las plazas de aparcamiento. Un arma administrativa en forma de órdago, ya que le fuerza a posicionarse. Desde el Ejecutivo de Lambán responden que el único que tiene potestad para valorar las alegaciones es el ayuntamiento. 

La operación, aprobada inicialmente, se suspendió tras el periodo de exposición, coincidiendo con el inicio de la negociación entre ambas administraciones. Unas conversaciones técnicas --y políticas-- en las que el ayuntamiento propuso una permuta de suelos para que el Ejecutivo trasladase los 111 pisos al solar de la antigua fábrica de Alumalsa, en Torre Ramona y en un solar de Las Fuentes.

Un acuerdo fallido

Según admiten ambas partes, tras un intercambio de propuestas, había un acuerdo verbal que estaban ultimando los técnicos para firmarlo en la bilateral que, en teoría, iba a celebrarse este mes. Pero el 20 de enero, el consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, anunció que se iba a recurrir antes el contencioso administrativo el «incumplimiento» del convenio alcanzado en la cumbre de noviembre de 2021 para dar una salida a los suelos de Embarcadero. Una decisión que dinamitó la bilateral, que no parece que vaya a celebrarse, y paralizó la negociación del plan especial. 

La judicialización del plan Embarcadero agrava la crisis entre el Gobierno de Aragón y el ayuntamiento

Ahora el ayuntamiento ha decidido reactivar el proceso, pero tiene consecuencias. La primera tiene que ver con los plazos, ya que ahora el Gobierno de Aragón tiene que analizar las 147 alegaciones que recibió el proyecto durante el periodo de exposición pública y que afectan a una parcela de la que es propietaria. Tendrán motivar si deben ser aceptadas o denegadas por los técnicos municipales. En general, las alegaciones de los vecinos son contrarias al proyecto de reparcelación propuesto por el ayuntamiento, pues cuestionan que la construcción de viviendas sea de interés general y afirman que la operación generará perjuicios al barrio. 

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha avisado que están muy bien fundamentadas y reiteró que no aprobarán nada que no responsa al interés general del barrio. 

Desde el Gobierno de Aragón niegan la mayor y aseguran que es el ayuntamiento el que debe valorar las alegaciones. Nadie más. Para el Ejecutivo, se trata de una «nueva excusa para ocultar sus incumplimientos de la bilateral». Una maniobra, añaden, con la que demuestran que «no tiene voluntad» de negociar la permuta de los suelos.